El abogado de ATE Matías Cremonte presentará un recurso en la Justicia por los despedidos de todas las fábricas militares. Entiende que como cualquier empresa, si están en crisis, debe presentar un procedimiento preventivo antes de echar masivamente.
Matías Cremonte es el abogado de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y de la CTA a nivel nacional. El viernes estuvo en Villa María como panelista de las 17º Jornadas del Centro de la República sobre Derecho Laboral. En el lugar, fue entrevistado por El Diario, donde vertió diversas consideraciones sobre las alternativas que existen para revertir los despidos en la Dirección General de Fabricaciones Militares.
“Los despidos masivos, que empezaron con el cierre la Fábrica Militar de Azul y siguieron con despidos en Villa María, Río Tercero y Fray Luis Beltrán, tienen que ver con una política de ajuste que plantea dejar de realizar las actividades productivas que el Estado hace. Uno puede estar en contra políticamente de eso. Y ATE de hecho lo está, porque cree que el Estado debe hacerse cargo de producir para la defensa. El problema legal que planteamos es que los despidos adolecen de una serie de requisitos formales que los tornan nulos”, dijo. Y agregó: “Si el Estado quiere, como cualquier empresa, despedir cientos de trabajadores o cerrar una planta, tiene que recurrir a un procedimiento preventivo de crisis. El mismo Estado lo hizo, por ejemplo, cuando despidió más de un centenar de trabajadores en la Mina de Río Turbio. Entonces, el Estado no puede en un caso presentar el recurso y en otro no. Estamos en una situación en la que el Estado actúa de hecho, al margen de la ley y sin hacerse cargo de las consecuencias sociales de lo que genera”.
Recordó que en Villa María se hizo una presentación judicial por los despedidos del Polvorín y que tuvo un fallo adverso en dos instancias.
“Pero ahora, al proceso lo abrimos en la Justicia Nacional del Trabajo, en Capital Federal. En una primera etapa, fue contra el cierre de Azul. Ahora, en estos días estamos planteando en el mismo proceso, por la ausencia del mismo requisito, es decir, del procedimiento preventivo de crisis, para los casos de Villa María, Río Tercero y Fray Luis Beltrán”, informó.
“No lo planteamos antes porque el Ministerio de Trabajo había convocado a unas audiencias de conciliación, y el juez dijo que mientras haya conversaciones no iba a dar sentencia. Ese ámbito no dio resultados porque no hubo verdadera voluntad ni buena fe del Ministerio para negociar en el caso de Azul, por eso pedimos nuevamente una medida cautelar para Azul, ampliándolo ahora para el resto de las fábricas militares”, agregó.
Finalmente, entiende que el panorama actual “con la reducción del poder adquisitivo del salario, el enfriamiento de la economía y las tasas altas, resulta en un aumento de la conflictividad social, de parte de todo el arco sindical que al principio de este Gobierno se había presentado más tibio”.
