El consejo Directivo Provincial de ATE Córdoba repudia la persecución judicial que sufre el secretario General del Sindicato Único de Empleados Municipales (SUOEM), Rubén Daniele, sucedido en el marco del conflicto que el sindicato mantiene con el intendente Ramón Mestre.
Desde ATE entendemos que el fiscal que impulsa la imputación da muestras de un penoso servilismo con el poder político de la ciudad, a los efectos de amedrentar a los trabajadores municipales y domesticar a su dirigencia gremial, en momentos que se dirime la gravísima violación de los derechos de esos compañeros, que fueron penosamente escrachados por el Ejecutivo municipal con la publicación de sus nombres y DNI, junto a salario particular de cada uno.
Esa publicación de un listado con datos personalísimos, que violenta la ley de habeas data y la Constitución Nacional, se suma a las constantes amenazas y sanciones por ejercer el derecho a la protesta –tal como da cuentas el propio sindicato-, situación que en su conjunto trae a la memoria prácticas persecutorias de las épocas más nefastas de nuestro país.
En el marco del clima de época que vivimos, el objetivo evidente es avanzar sobre derechos laborales en la Municipalidad de Córdoba.
Sin embargo, la Justicia provincial que no se preocupa por actuar de oficio en flagrantes violaciones de los DD.HH. como dejar que el Estado municipal deje sin atención médica por falta de insumos a los sectores más pobres de la ciudad, en un marco donde la pobreza en el gran Córdoba alcanza el brutal 40.5%.
Pero esos mismos funcionarios judiciales, incapaces de garantizar la aplicación de derechos fundamentales de la ciudadanía, quienes están siempre prestos para judicializar la protesta y amedrentar a los dirigentes sindicales. Todo con el soporte de los medios masivos.
Esta situación de ataque sistemático de los dirigentes gremiales que cuentan con el apoyo legítimo de los trabajadores se viene repitiendo en otros lugares del país. Vale recordar que recientemente el secretario General de ATE Río Negro quedó detenido, por cinco días, por orden de la justicia provincial en el marco de un conflicto gremial. Su adjunto sufrió a su vez ocho días de cárcel por la misma causa.
Por todo eso, instamos al poder judicial a detener esta persecución que no hace más que echar nafta al fuego del conflicto social.
María Liliana Salerno
Secretaria General
