Trabajadores estatales uruguayos rechazan la detención de Rodolfo Aguiar y Aldo Capretti. También se expresaron las Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas (CSA).
A través de una carta dirigida al presidente de CLATE, la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) de Uruguay repudió la detención de los dirigentes de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de la provincia argentina de Rio Negro, Rodolfo Aguiar y Aldo Capretti, quienes enfrentan causas judiciales por encabezar protestas y movilizaciones.
Ante la detención de los dirigentes de ATE y CTA-A de la provincia de Rio Negro, distintas organizaciones miembro de la CLATE hicieron llegar sus mensajes de solidaridad. Una de ellas es la COFE, de Uruguay, que expresó su “consternación” ante “la brutalidad de los ataques propinados a las organizaciones sindicales y a sus dirigentes”.
El 25 de mayo la policía provincial detuvo brutalmente al Secretario Adjunto de ATE Rio Negro, Aldo Capretti, sin mediar orden judicial, y el 29 de mayo quedo detenido Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE y CTA-A Rio Negro. Estas detenciones ilegales se enmarcan en la causa que lleva adelante el fiscal Juan Pedro Puntel y el Juez Juan Carlos Mussi, donde se imputa entre otros a dichos dirigentes sindicales por coacción agravada. Esta causa asimila los delitos de los trabajadores a un delito tipificado en el código penal y por ende avanza en un proceso de criminalización de la protesta social. Más aun, las imágenes fotográficas y las filmaciones disponibles muestran tumultos y empujones, acciones que lejos están de poder ser utilizadas para acusar a Aguiar y a Capretti de los delitos que se le imputan.
A continuación, transcribimos la carta completa, que lleva la firma del secretario general de COFE, José López.
“Ante las recientes decisiones de la Justicia de la Provincia de Río Negro que han determinado la detención de los Cros. Rodolfo Aguiar y Aldo Capretti, dirigentes de ATE Río Negro, el Consejo Directivo de COFE (Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado) hace llegar su saludo solidario.
Naturalmente el mismo va de la mano de nuestro más enérgico repudio ante tales decisiones ya que sabemos que la razón los asiste a estos dos compañeros, así como a las decenas de dirigentes sindicales que vienen siendo perseguidos desde hace varios meses.
Condenamos toda práctica que, desde los aparatos de poder del Estado, intente acallar la voz de los trabajadores y que pretenda judicializar y penalizar la protesta que es la forma legítima de expresión de los mismos.
Nos hermana, además de la pertenencia a la clase trabajadora, la lucha por conseguir los mismos objetivos, salarios dignos, buenas condiciones de trabajo, respeto a nuestros derechos y conquistas, los que se lograron con tanto esfuerzo y sacrificio.
Es por ello que nos sentimos consternados ya que se enfrentan la justicia de sus reclamos contra la ilegalidad y brutalidad de los ataques propinados a sus organizaciones sindicales y a sus dirigentes.
Reciban no sólo nuestro saludo, sino el compromiso cierto para colaborar en la medida que nos sea posible y de la forma que ustedes lo entiendan pertinente, para que rápidamente se revierta ésta medida”.
Centrales internacionales
La Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas (CSA) expresaron su mas enérgico repudio ante el contexto de violencia institucionalizada donde el poder ejecutivo de la provincia de Río Negro, en connivencia con legisladores y funcionarios judiciales, apuntan contra líderes sindicales para criminalizarlos como violentos, deslegitimando los justos reclamos de los trabajadores, y condenando a prisión a aquellos que se ponen a las políticas del gobierno provincial.
Con la firma de sus secretarios generales Sharan Burrow y Víctor Baez respectivamente, ambas confederaciones manifestaron su solidaridad “con el sindicalismo argentino” y exigieron a las autoridades competentes “que garanticen la plena libertad de expresión de los dirigentes sindicales, que pongan fin a la criminalización de la protesta social y que arbitren los medios para liberar inmediatamente a todos los detenidos ilegalmente por ejercer su actividad sindical”.
