El Consejo Directivo Provincial de ATE Córdoba reclamó a diputados/as y senadores/as por Córdoba que intervengan ante el Ministerio de Defensa de la nación para garantizar la continuidad de 450 familias cordobesas, ante el proceso de disolución del organismo dispuesto por el Decreto 1286/2026.
En base a esa norma, en la Provincia de Córdoba se ha notificado la finalización de la relación laboral de los trabajadores contratados a partir del 30 de noviembre de 2026, sin que hasta la fecha exista un plan de reubicación, continuidad laboral ni garantía de cobro de indemnización. El decreto no dice que en diciembre de 2023 esa obra social tenía superávit y ningún préstamo, y que así lo certificó la gestión de Luis Petri.
Siete complejos hoteleros y turísticos se verán afectados por el traspaso a las Fuerzas Armadas que dispuso el Gobierno de Milei: Hotel Estancia Golf de Ascochinga (63 empleados), Residencia Serrana de La Falda (51 trabajadores notificados), Residencia Cosquín y Hotel Costanera de Cosquín, Hostería de Villa General Belgrano, Parador Almirante Brown de Villa del Dique y Colonia Miraflores de Santa Rosa de Calamuchita.
A este listado se suman las tres farmacias propias en la ciudad de Córdoba, ya cerradas, las subdelegaciones, auditoría y centros médicos, con el cierre de la subdelegación de Jesús María, del centro de auditoría, de sedes del Hospital Militar y Hospital Aeronáutico y del Centro Médico Santa Rita, con afectación de unos 15 profesionales.
El traspaso de los complejos hoteleros implicará a la fuerza, para su funcionamiento, el reemplazo de las y los trabajadores con personal militar y soldados voluntarios, lo que conlleva la pérdida de trabajadores con décadas de experiencia en gestión de obra social, auditoría médica, farmacia y hotelería, cuya formación no puede ser reemplazada en forma inmediata.
Se trata de otro capítulo más de la destrucción del Estado que lleva adelante Milei, con total impunidad y sin que hasta el momento la política institucionalizada logre poner freno a un Gobierno Nacional que se desbarranca por la crisis económica y social que impone al conjunto de la población.
La pérdida de 450 puestos de trabajo golpea de manera directa a localidades de Sierras Chicas, Punilla y Calamuchita, donde los complejos de IOSFA son la principal fuente de empleo y dinamizan el comercio local, remises, proveedurías y servicios. A partir de esta situación es que la responsabilidad de la representación legislativa cordobesa en el Congreso Nacional impone la necesidad de intervenir de forma urgente, atento que los plazos se acercan al 30 de noviembre y las incertidumbre de las familias exigen respuestas inmediatas.
Vale destacar que numerosas familias, además, residen dentro de los propios complejos hoteleros, por lo que perderían simultáneamente su fuente de trabajo y su vivienda, impactando sobremanera en sus condiciones de vida.
En consecuencia, ATE solicitó:
- Intervención urgente ante el Ministerio de Defensa de la Nación y la Intervención Liquidadora de IOSFA, a fin de suspender los despidos previstos para el 30 de noviembre de 2026 hasta tanto se garantice la continuidad laboral o una salida justa.
- Pedido de informes sobre los criterios utilizados para la desvinculación, la situación de los trabajadores incorporados a la dotación inicial en 2023 y el destino de los bienes inmuebles transferidos.
- Convocatoria a una mesa de diálogo con participación de ATE Córdoba, los trabajadores afectados, el Ministerio de Defensa, la Provincia de Córdoba y los municipios involucrados.
- Garantía de reubicación de la totalidad del personal en la nueva OSFA o en otros organismos del Estado Nacional o Provincial, respetando antigüedad, categoría y lugar de residencia.
- Pago de las indemnizaciones correspondientes en los casos en que no se garantice la continuidad, y solución habitacional para las familias que residen en los complejos.
- Garantía de continuidad de la atención a los 320.000 afiliados, manteniendo delegaciones, farmacias y centros de atención en el interior provincial.
El reclamo estuvo dirigido a las y los diputados nacionales, senadores nacionales, pero también se hizo extensivo a intendentes de las localidades más afectadas del Valle de Calamuchita por la crisis social que implica el despido masivo de sus vecinos: Emiliano Torres, de Villa del Dique, Oscar Santarelli, de Villa General Belgrano, y Eduardo Martín, de Santa Rosa de Calamuchita.
Diversos intendentes de los valles de Punilla y Sierras Chicas ya expresaron en favor del reclamo de ATE.
“Solicitamos que el Municipio impulse gestiones para que se suspendan las desvinculaciones previstas hasta tanto exista una propuesta concreta que garantice la continuidad laboral o una salida justa para las personas afectadas; que se informe cuál será el destino del establecimiento y bajo qué modalidad continuará funcionando; que se convoque a una instancia de diálogo con participación de ATE Córdoba, las trabajadoras y los trabajadores afectados y las autoridades nacionales y provinciales; y que se resguarden los derechos laborales, la antigüedad y las condiciones de vida de las familias involucradas”, solicitó nuestra organización sindical a los intendentes mencionados.
Medicus, la privada que toma un negocio tercerizado
Hasta su desguace IOSFA cuenta con 320.000 afiliados en todo el país, entre personal militar en actividad, retirados y sus familias. El cierre de farmacias, delegaciones, auditorías y centros médicos propios los obliga a recurrir a prestadores privados, con mayores costos, demoras en autorizaciones y reintegros, y menor cobertura en el interior provincial.
En ese marco, el gobierno informó que la firma MEDICUS incorporó a su cartilla a los afiliados del Ministerio de Seguridad Nacional y su grupo familiar, tercerizando la obra social OSFFESEG, creada con el decreto citado arriba. Esta incorporación comprendió al personal de Gendarmería Nacional (que incluye a la dotación de Jesús María) y Prefectura Naval Argentina que anteriormente contaban con cobertura a través de IOSFA. Quedó excluido de este cambio el personal militar perteneciente a las tres Fuerzas Armadas.
La idea la impulsó Patricia Bullrich cuando era ministra de Seguridad y la ejecutó su sucesora, Alejandra Monteoliva. El 8 de mayo de 2026, la actual ministra de Seguridad anunció Medicus se quedaba con la cobertura de unos 197.000 afiliados, tras una licitación de unos 20 días. La prepaga tiene multas firmes con la Superintendencia de Servicios de Salud por más de $63 millones, y Patricia Bullrich figura en registros de ANSES como afiliada.
El contrato, de unos $25.000 millones por mes, no se publicó. Monteoliva habló de una cobertura de “alta gama”, mientras admitía que los salarios de esos mismos gendarmes y prefectos necesitaban una recomposición del 24% al 25%.
En tanto, la atención del personal de las Fuerzas Armadas, a cargo ahora de la OSFA, pero sin garantía que el personal logre su continuidad.
