La CTA Autónoma Córdoba rechaza y repudia el fallo de la Corte Suprema de la Nación validando el DNU 70/30 y abriendo las tranqueras para la venta de tierras sin límite alguno a la extranjería. Lo que se frenó gracias a la movilización popular en la calle y su réplica en el Congreso de la Nación, lo terminó reponiendo el máximo tribunal del país que opera como garante del régimen de explotación y saqueo. Este veredicto es gravísimo y vulnera la voluntad popular representada en las calles y en el Parlamento. Esta tríada de jueces está gobernando y quiere habilitar el pillaje en nuestra Nación.
Con esta mano de la Corte la casta corrupta insistirá con la extranjerización de la tierra prometida a los capitales foráneos por este Gobierno cipayo, una continuación extrema del modelo instaurado a partir del “Rodrigazo”, impuesto a sangre y fuego por la tiranía oligárquico-militar, perfeccionado por el “Menemismo” y la Alianza y retomado por Macri.
Con el cinismo propio del poder, la sentencia -que también apunta a la ‘desmalvinización- considera que el Centro de Ex Combatientes de Islas Malvinas de la La Plata (CECIM) no estaba legitimado para promover la acción colectiva. Si bien aclaró que su decisión no implica pronunciarse sobre la validez constitucional del Decreto, en la práctica, la decisión rehabilita el artículo del DNU que dispuso la derogación de la Ley de Tierras.
La causa se inició a fines de 2023, cuando el CECIM promovió una acción de amparo contra el Poder Ejecutivo Nacional para obtener la declaración de inconstitucionalidad y nulidad del artículo 154 del DNU 70/2023 y de los actos jurídicos realizados con prescindencia de la ley derogada. En primera instancia, el juez Alberto Recondo había rechazado el amparo por falta de legitimación. La Cámara Federal de La Plata revirtió esa solución. Consideró que la soberanía nacional podía ser entendida como un bien colectivo e indivisible y que el CECIM era una asociación apta para promover su tutela.
La democracia participativa es una vieja deuda que nos debemos: Romper el cepo que impone el artículo 22 de la Constitución Nacional oligárquica de 1853 (‘El pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes’) porque a esta altura del partido es una verdad de perogrullo que los representados no creen en sus representantes. Las herramientas para romperlo se encuentran en esa misma Constitución: Plebiscito y consulta popular cuando las decisiones afecten nuestra vida cotidiana.
Cuestionar las bases del poder instituido que en más de 43 años de democracia fallida no ha sido capaz de resolver los problemas centrales de nuestro pueblo para avanzar hacia la construcción de un nuevo poder constituyente que tenga a la Constitución Nacional de 1949 como libro de cabecera. Una democracia participativa y de fuerte protagonismo popular.
Es hora de una gran marcha al Palacio de Tribunales para repudiar el fallo, defender la soberanía nacional y detener la venta del país; y también de retomar la experiencia de la Constituyente Social, una propuesta integral impulsada por la Central de Trabajadores de la Argentina a fines de la década de 2000, concebida como un espacio de convergencia para construir un nuevo Movimiento Político, Social y Cultural de Emancipación que pueda dar vuelta la taba y poner fin a esta democracia neocolonial.
