En el marco del conflicto por el cierre de la OSFA (ex IOSFA), el traspaso del personal civil de planta permanente a las fuerzas armadas, el despido del personal contratado con décadas de antigüedad en los complejos turísticos, la pérdida de viviendas para decenas de familias que viven en dichos complejos y el incierto destino de los hoteles, ayer ATE se movilizó en la localidad de Ascochinga, en la rotonda de ingreso de la localidad y en el Hotel Estancia Golf del IOSFA para denunciar el despido de personal y la defensa del sector hotelero.
Se trató de una acción gremial que despertó la solidaridad y el compromiso de los municipios del corredor Sierras Chicas, donde las y los trabajadores viven y contribuyen a la actividad económica de la región.
La protesta estuvo encabezada por integrantes del Consejo Directivo Provincial, al tiempo que una delegación de ATE visitó a dos legisladores provinciales, como la oficialista Luciana Presas, representante departamental por Colón, y su par Fernando Luna, legisladora de la UCR de Cruz del Eje, para impulsar un pronunciamiento de la Unicameral en rechazo a la política nacional del Gobierno de Javier Milei en la materia.
En declaraciones a la prensa local, la trabajadora del IOSFA e integrante del Consejo Directivo Provincial, Marcela Chávez, afirmó que las instalaciones están siendo vaciadas y que el personal está sufriendo cruelmente la incertidumbre del destino de sus puestos de trabajo. “Nos encontramos con compañeros llorando, compañeras que son sostén de familia, la situación es horrible”, advirtió.
La medida del gobierno impacta sobre complejos emblemáticos de nuestras sierras (como la Residencia Serrana de La Falda, el Hotel Golf de Ascochinga, la Residencia de Cosquín y la Hostería de Villa General Belgrano). El vaciamiento de esta infraestructura turística y el inminente cese de contratos —que afecta de forma directa a trabajadores precarizados que carecen de garantías de continuidad a partir de los próximos meses— atenta directamente contra el motor económico de estas localidades. Al privar a estos municipios de su histórico flujo de turismo social, se arrastra a la quiebra indirecta a comerciantes y prestadores de servicios regionales, golpeando con dureza las economías locales.
Junto a Chávez estuvieron presentes en la protesta la secretaria Adjunta del CDP Gabriela Alcoba, su par de Prensa, Julia Giuliani, el integrante de la Secretaría de Convenios Colectivos Leonardo Barrios Caro, el secretario de Organización Javier Bracamonte, la secretaria Adjunta de la CTAA provincia, Silvia Alcoba, los delegados Vladimir Suárez, Luis Tapia y Florencia Piccardo, la integrante del CDP, Mariela Lozano, entre otros y otras.
TAmbién participaron de la protesta el intendente de La Granja, Miguel Pittaro, el secretario de Gobierno de Salsipuedes, Lucas Combina, y el concejal de Salsipuedes, Osvaldo Martínez.
Municipios
En ese contexto, distintos municipios del corredor Sierras Chicas se expresaron en contra del cierre de los complejos hoteleros, como las municipalidades de La Granja, Cerro Azul y Agua de Oro.
El intendente de La Granja, Pittaro se pronunció en una nota asegurando que “detrás de cada puesto de trabajo eliminado se encuentra una familia que pierde su sustento económico diario, lo que repercute en un escenario de vulnerabilidad socioeconómica y en una evidente caída de la actividad económica interna de nuestra localidad y de la región”.
Por su parte, la presidenta comunal de Cerro Azul Natalia Di Pace, manifestó su enérgico rechazo “ante la masiva ola de recesión de contratos, pases a disponibilidad y posibles cesantías de trabajadores que desempeñan sus funciones en el Hotel Colonia EStancia Golf”, añadiendo una exhortación a las autoridades del IOSFA y al Gobierno Nacional para que dispongan “las medidas necesarias que permitan garantizar la estabilidad laboral y el respeto por los derechos de los trabajadores, como así también procurar la continuidad del funcionamiento” del hotel, ya que entiende que el mismo “constituye una fuente de empleo y una actividad vinculada al desarrollo turístico y económico de la región”.
A su turno, le Intendente de Agua de Oro, Miguel Aguirre, decretó el más enérgico repudio de la Municipalidad a “la ola masiva de rescisiones contractuales y posibles cesantías de trabajadores que se desempeñan” en el hotel. En la misma línea que la expresiones anteriores, Aguirre instó a las autoridades nacionales “a la apertura de canales de diálogo institucionales que garanticen la continuidad laboral y el respeto por los derechos de los trabajadores”.
Asimismo, el Espacio Político Todos Somos Salsipuedes y el Partido Justicialista de Salsipuedes expresaron su solidaridad, adhesión y acompañamiento a las y los trabajadores del OSFA. “Desde nuestro espacio político consideramos fundamental defender el trabajo, las fuentes laborales y los derechos de las familias trabajadoras, promoviendo el diálogo y la participación de quienes desarrollan sus tareas en estos establecimientos”, en relación a los complejos hoteleros del OSFA en la provincia.
En la Legislatura
En la visita a la Legislatura, una comitiva de trabajadores del personal civil de las FFAA, integrada por Víctor Lecuona y Alejandro Charra, se reunieron con la legisladora Presas y el legislador Luna donde los pusieron en conocimiento del traspaso los hoteles a las fuerzas armadas de origen, que implica el despido de 300 trabajadores “ya que no se dispone en el decreto que ordena el traspaso cuál es el destino de los y las trabajadoras, sino solo de los edificios”, explicó Charra.
ATE ya había solicitado esta semana la intervención de diputados y senadores nacionales ante la gravedad de la situación.
En un clima de comprensión y respeto, ambos legisladores recibieron la preocupación de ATE por el riesgo que se cierne sobre 300 fuentes de trabajo en la provincia de Córdoba y lo que esto representa.
“Además, entrevemos la intención del Gobierno Nacional de vaciar los hoteles para decir que no funcionan, que no sirven, y así liquidarlos hacia algún empresario amigo, como es la práctica habitual de lo libertarios, para hacer un negocio inmobiliario con los terrenos y los edificios que han pagado los afiliados de la obra social durante toda su vida con el costo del 6% que nos sacan del sueldo mensual a todos los trabajadores de las Fuerzas Armadas”, concluyó Charra.
