La avanzada del Gobierno contra el Estado Nacional tiene otro capítulo nefasto en su proyecto de disolución de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), medida que pone en severa crisis el control del transporte público de media y larga distancia, multiplicando proporcionalmente el riesgo de accidentes.
La CNRT es el ente encargado de fiscalizar la seguridad, calidad y legalidad del transporte automotor y ferroviario en todo el país. Con 45 sedes distribuidas en el territorio, su alcance incluye rutas nacionales y provinciales, terminales, servicios especiales y controles técnicos sobre unidades y conductores.
ATE denuncia que la intromisión de la Gendarmería en funciones propias del organismo ha llegado al punto de exigir a las sedes que informen sobre el tipo de trabajo que realizan, la cantidad de personal disponible y los bienes muebles e inmuebles que disponen la CNRT en cada delegación.
Se trata de un evidente caso de inteligencia Interna de un área de seguridad sobre un organismo público. ATE se ha negado a brindar cualquier información, ya que se trata de un grave avance sobre competencias que no le corresponde a Gendarmería. La diferencia es estructural: mientras la Gendarmería actúa como fuerza de seguridad, la CNRT es un organismo técnico especializado. No son funciones intercambiables. El riesgo, sostienen, es que la seguridad del transporte quede reducida a controles parciales, sin prevención integral ni capacidad de intervención en todo el territorio.
Vale remarcar que la CNRT integra la Secretaria de Transporte de la Nación, organismo que funciona dentro del ámbito del Ministerio de Economía de la Nación, en tanto la Gendarmería pertenece al Ministerio de Seguridad,. Toda intromisión está en conflicto con la ley y es susceptible de ser denunciada penalmente.
Las actividades de inteligencia de Gendarmería Nacional se rigen bajo la Ley de Inteligencia Nacional (25.520) y la Ley de Seguridad Interior (24.059). Estas normativas establecen que Gendarmería es una fuerza de seguridad federal y prohíben expresamente el espionaje interno sobre actores políticos y sociales, limitando su accionar a la inteligencia criminal ligada a delitos complejos.
La transferencia de funciones implica, en términos concretos, un retroceso en la fiscalización. Según el cuadro comparativo elaborado por trabajadoras y trabajadores del organismo, quedarían sin control los servicios que circulan por rutas provinciales, los operativos en terminales de ómnibus y combis, y los viajes estudiantiles, de jubilados o recreativos. También desaparecerían instancias clave: los controles psicofísicos a choferes, los test de alcoholemia y sustancias, y la recepción de reclamos de usuarios.
