ATE, junto a Cispren, AATRAC y ALECYT, sindicatos actuantes en Radio Nacional, denunciamos y repudiamos las medidas adoptadas por las autoridades libertarias de la Radio Pública, que representan un grave avance contra la libertad de expresión, el derecho a la información y el carácter federal de los medios públicos.
La denuncia apunta a la reducción de espacios de producción local, la centralización de contenidos definidos desde Buenos Aires, las restricciones impuestas a las agendas periodísticas y el control editorial sobre la labor de las y los trabajadores constituyen un proceso de disciplinamiento incompatible con una comunicación democrática y plural.
Claramente, estas decisiones contradicen los principios de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que promueve la pluralidad de voces, la producción local y el acceso democrático a la información. Convertir a las emisoras de Radio Nacional en meras repetidoras de contenidos centralizados implica debilitar el rol social que deben cumplir los medios públicos en todo el país.
Las medidas se producen además en un contexto de vaciamiento de Radio Nacional, marcado por retiros voluntarios, pérdida de puestos de trabajo y salarios que continúan deteriorándose frente a la inflación.
“La reducción que ha habido en los últimos tiempos de producción local, es decir, de programas locales, de voces locales, y la centralización de contenidos que se hace desde Capital Federal, no son una simple reorganización, un simple cambio de alineamiento estético, sino un grave avance contra la libertad de expresión, la prioridad de voces y el federalismo, que ha atacado no solamente a Radio Nacional Córdoba, sino a muchas de las emisoras de las provincias”, explicó el delegado de ATE, Gonzalo Puig.
Y denunció que “hay problemas estructurales, técnicos, edilicios y de recursos humanos, porque se fueron un montón de compañeros con retiros voluntarios jubilados, y hoy somos menos, y faltan voces, y faltan manos, y faltan cabezas. Venimos reclamando una urgente recomposición salarial frente a una pérdida del poder adquisitivo superior al 40%. Hoy las y los trabajadores de Radio Nacional tenemos un salario básico de 470.000 pesos, ingreso absolutamente insuficiente para garantizar condiciones de vida dignas, y para que la empresa, para que la radio se siente a negociar en paritarias, tuvo que intervenir la justicia, porque no querían sentarse con nosotros a discutir nuestros salarios”.
Vale señalar que las medidas adoptadas por las autoridades de Radio Nacional contradicen los principios de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que promueve la pluralidad de voces, la producción local y el acceso democrático a la información. Convertir a las emisoras de Radio Nacional en meras repetidoras de contenidos centralizados implica debilitar el rol social que deben cumplir los medios públicos en todo el país.
“No estamos frente a una simple reorganización de programación. Denunciamos un proceso de censura, concentración informativa y debilitamiento del federalismo que busca silenciar voces locales y restringir el ejercicio libre del periodismo”, concluyó Puig.
