(fuente: https://revistacitrica.com/)
El control del transporte en Argentina atraviesa una de sus crisis más profundas. El gobierno de Javier Milei evalúa avanzar con una reestructuración que implicaría transferir funciones clave de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) a la Gendarmería Nacional Argentina. Para los trabajadores del organismo, nucleados en ATE, la medida no es administrativa: “es el desmantelamiento de un sistema de control construido durante décadas”.
La CNRT es el ente encargado de fiscalizar la seguridad, calidad y legalidad del transporte automotor y ferroviario en todo el país. Con 45 sedes distribuidas en el territorio, su alcance incluye rutas nacionales y provinciales, terminales, servicios especiales y controles técnicos sobre unidades y conductores. La propuesta oficial, sin embargo, reduciría esa cobertura a lo que Gendarmería puede controlar: rutas nacionales y autopistas.
El cambio implica, en términos concretos, un retroceso en la fiscalización. Según el cuadro comparativo elaborado por trabajadoras y trabajadores del organismo, quedarían sin control los servicios que circulan por rutas provinciales, los operativos en terminales de ómnibus y combis, y los viajes estudiantiles, de jubilados o recreativos. También desaparecerían instancias clave: los controles psicofísicos a choferes, los test de alcoholemia y sustancias, y la recepción de reclamos de usuarios.
“La CNRT verifica las medidas de seguridad de los vehículos de transporte de pasajeros y cargas, desafectando aquellas unidades que no cumplen con los estándares correspondientes. Esto es prevención. De no hacerse, se correría un riesgo para las personas transportadas y terceros no transportados”, explicó a Cítrica Mariana Isaurralde, secretaria general adjunta de la junta interna de ATE en CNRT.
El impacto también es laboral. “Los trabajadores hemos perdido más de un 40% de la masa salarial en el último año. Ante la falta de empleo y los aumentos desmedidos, esta medida afecta de lleno a la clase trabajadora que no llega a fin de mes”, señaló Isaurralde. A eso se suma la posibilidad de cierre de sedes: “se calculan unas 400 personas que quedarían sin trabajo”.
El conflicto se inscribe en una política más amplia del Gobierno, que impulsa la reducción del Estado en áreas consideradas “no esenciales”. Bajo la órbita de la Secretaría de Transporte -dependiente del Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo- y con incidencia del Ministerio de Seguridad, la iniciativa plantea un cambio de paradigma: pasar de un organismo técnico de regulación a una lógica de control centrada en fuerzas de seguridad.
La CNRT cumple funciones que exceden la fiscalización clásica: gestiona más de 90.000 asistencias anuales para viajes gratuitos de personas con discapacidad, pacientes trasplantados y casos oncológicos; interviene en la búsqueda de personas a través de sistemas como Alerta Sofía; y controla el traslado seguro de menores. Ninguna de esas tareas está contemplada dentro de las competencias de Gendarmería.
Desde ATE advierten que la diferencia es estructural: mientras la Gendarmería actúa como fuerza de seguridad, la CNRT es un organismo técnico especializado. No son funciones intercambiables. El riesgo, sostienen, es que la seguridad del transporte quede reducida a controles parciales, sin prevención integral ni capacidad de intervención en todo el territorio.
De este modo, la posible transferencia de funciones no solo redefine quién controla las rutas, sino también qué tipo de seguridad se garantiza. En un país con altos niveles de siniestralidad vial y con millones de personas que dependen del transporte público, la discusión deja de ser técnica para volverse política.
Si el Gobierno avanza, el sistema pasará de un esquema preventivo, descentralizado y especializado a uno más limitado y centralizado. Para los trabajadores y especialistas, eso no significa eficiencia: significa menos controles, más riesgos y una mayor exposición para usuarios que, en muchos casos, no tienen alternativa.
