Con un despliegue policial desproporcionado y totalmente injustificado, se llevó a cabo esta mañana la declaración indagatoria del Secretario General de ATE y la CTA Autónoma Córdoba, Federico Giuliani, en los Tribunales Federales.
Resulta alarmante que, ante una convocatoria para una conferencia de prensa, el Estado responda con semejante operativo de seguridad. Este escenario no es más que una muestra del intento de amedrentar la libertad de expresión y de disciplinar a quienes denuncian el ajuste.
“Estuvimos en los Tribunales Federales después de la citación a declarar que me notificaran el pasado 16 de abril. Me comunicaron una nueva imputación por la visita de Milei a nuestra provincia el 25 de mayo de 2024, hace casi dos años. Esto demuestra la planificación perpetrada en nuestra persecución por el Partido Judicial cordobés que criminaliza la protesta social y judicializa a quienes luchamos contra el ajuste”, señaló Giuliani.
Y agregó: “Sea en el ámbito Provincial o en el Federal, la Justicia actúa de acuerdo a los intereses de los grupos económicos o del poder político de turno. Dos años después de la visita a Córdoba de Javier Milei nos imputan por el supuesto delito de ‘incitación a la violencia’ por el corte de ruta en el Aeropuerto de ese día y por la represión desmedida que hizo la Policía de la Provincia contra los manifestantes que impedimos que se firmara en nuestra provincia el ‘Pacto de Mayo’ en 27 de Abril y Avenida Vélez Sarsfield”.
“Córdoba fue el primer territorio federal que lo hizo sentir incómodo a Javier Milei, que lo hizo sentir visitante porque las políticas de hambre ya se empezaban a ver. Nosotros como ATE y CTA-A marchamos con un montón de compañeros y compañeras que ya estaban despedidas del Estado Nacional y de los barrios que no alcanzaban a llegar a fin de mes”, enfatizó.
Para Giuliani, “lo que nos queda claro es que esto es un proceso sistemático contra mi persona pero también contra la organización sindical que represento y la CTA en cuanto a que con el nivel de conflictividad gremial y social que hay en Córdoba, soy el único dirigente que viene siendo imputado desde el año 2023, que sufrió la cárcel y ahora por primera vez tengo que venir a la Justicia Federal, lo que nos muestra que hay un hostigamiento permanente. Está a la vista que no nos perdonan que seamos autónomos del poder”.Y remató: “Esta persecución tiene que ver con una manera de cancelar a aquellos que no somos obsecuentes con el poder y que hicieron acciones que a los grupos económicos les dolieron mucho, como los tres ‘escraches’ a la Fundación Mediterránea y el otro a la Unión Industrial Argentina, que en definitiva son los que marcan la agenda económica y política en Córdoba, porque el Gobernador Llaryora es el gerente de estos grupos hegemómicos que mientras nuestro pueblo se empobrece ellos se la siguen llevando a la riqueza en pala y encima fuera de nuestra Patria”.
“Mientras la Justicia Federal montaba ese ‘show’ de fuerza para recibir a un dirigente sindical que siempre estuvo a derecho, nosotros seguimos exponiendo la farsa de una causa que solo busca criminalizar la protesta social. Basta de persecución judicial y política”, denunció un comunicado gremial.
