A pesar de las amenazas y los descuentos por los días de paro, el Gobierno de Martín Llaryora terminó de admitir que el conflicto docente no va de detenerse hasta que haga una propuesta salarial acorde a las demandas del sector. Así lo declaró este fin de semana, cuando adelantó que pedirá la conciliación obligatoria para impedir el paro por 72 horas dispuesto por la asamblea general de la UEPC, que rechazó por insuficiente las migajas que la provincia ofreció en las negociaciones paritarias, hasta la semana pasada.
Ahora, Llaryora deberá realizar una oferta superadora, que según el gremio no debe ser inferior al 25% (más sumas remunerativas y bonificables que impacten de manera directa en todo el escalafón docente y el los jubilados), aunque UEPC Capital -opositora a la conducción provincial- exige un 40%, porcentaje que permitiría no solo equiparar la inflación acumulada sino también recuperar el poder adquisitivo perdido el año pasado, cuando las paritarias pasaron sin pena ni gloria, al punto de reventar la paciencia de las y los docentes en 2026.
El secretario general de la Gobernación, David Consalvi, dijo que la conciliación obligatoria será por cinco días, admitiendo así que tiene un fin impedir un paro que se anunciaba como contundente pero al mismo tiempo fijando un plazo para acordar a la docencia, dándole una mano a la conducción provincial de la UEPC que está desbordada por sus bases, hartas de acuerdos espurios entre la burocracia y el gobierno.
De esta forma, tanto la UEPC provincial como Llaryora se muestran en extrema debilidad ante la convicción de las escuelas que hoy pueden quebrar las resistencias del cordobesismo y recuperar sus salarios.
Ya pasó lo mismo en el Poder Judicial el año pasado, donde las bases pasaron por encima de los acuerdos palaciegos que el gremio sectorial mantiene con las autoridades provinciales. Finalmente, después de dos meses de conflicto, Llaryora asumió que recuperar la paz social implica que el Estado invierta en salarios acordes a la demanda del sector, que no converge con la inflación mentirosa del INDEC, sino la real que cada día vivimos las y los trabajadores cuando enfrentamos los gastos mensuales de alquiler, alimentación, impuestos y servicios.
Vale mencionar que la boleta de EPEC aumentó 300% en dos años, el transporte público se multiplicó por 9 desde que asumió Milei y las empresas piden nuevos aumentos, basadas entre otras cosas por el aumento del combustible derivado del impacto de una guerra de EE.UU. e Israel contra Irán, que Milei apoya en otra medida disparatada del gobierno libertario. Alimentos, vestimenta, remedios, son todos elementos de la canasta familiar que superan la inflación trucha de Milei.
El conflicto docente marca un hito en el comienzo del año de la lucha de los trabajadores y determinará el resto de las paritarias estatales. El gobierno dice que no tiene plata, que la recaudación bajó y que la nación no le manda recursos como a otras provincias. Pero en noviembre pasado anunció una rebaja de impuestos de 900.000 millones de pesos como si fuera una gran medida de gobierno. Ahora no tiene la plata para pagar salarios, es su responsabilidad y deberá garantizar los recursos para que nuestros hijos tengan clases.
