En una nota enviada con fecha 22 de diciembre de 2025 al Secretario General de la CTA Autónoma Nacional, Hugo “Cachorro” Godoy, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) acusó recibo de la queja presentada ante el Comité de Libertad Sindical (Caso nº 3516), en referencia a la denuncia elevada el 15 de ese mismo mes en Ginebra, Suiza, por Federico Giuliani, Secretario General de ATE y la CTA-A Córdoba, exponiendo la creciente represión perpetrada contra dirigentes sindicales por parte del Gobierno Nacional y su par de la provincia mediterránea. La OIT sostiene que se ha transmitido el tema al Gobierno argentino y que se esperará un tiempo prudencial por su respuesta. De lo contrario, el tema será igualmente tratado a fondo por el Comité de Libertad Sindical.
La nota de la OIT señala textualmente:
“Señor Secretario General: Tengo el honor de acusar recibo de su comunicación de fecha 12 de diciembre de 2025, que contiene alegatos sobre violación de los derechos sindicales en Argentina (caso núm. 3516). De conformidad con el procedimiento en vigor, el contenido de su comunicación se ha transmitido al Gobierno para que comunique tan pronto como sea posible sus observaciones. Su organización dispone de un mes para enviar informaciones complementarias en apoyo de la queja.
“A este respecto, es oportuno que se proporcione a la atención del Comité de Libertad Sindical toda la información sobre las eventuales acciones administrativas o judiciales planteadas en relación con los hechos denunciados, así como sus resultados. Posteriormente, sólo son admisibles las nuevas informaciones que no hubiesen podido ser enviadas anteriormente.
“Me gustaría llamar su atención sobre el hecho de que, en su 393º informe de marzo de 2021, párrafo 17, el Comité de Libertad Sindical aprobó una serie de medidas relativas al funcionamiento del procedimiento previsto para el examen de las quejas. Estas medidas incluyen disposiciones para la conciliación voluntaria opcional a nivel nacional, en la que sería posible solicitar la asistencia técnica de la Oficina Internacional del Trabajo, incluida la Oficina de Actividades para los Trabajadores ACTRAV@ilo.org.
“El uso de estos procedimientos requiere el acuerdo de la organización querellante, así como del Gobierno, y daría lugar a una suspensión temporal, por un período máximo de seis meses, del examen del fondo de la queja. La Oficina ha informado al Gobierno de estas disposiciones y queda a su disposición para proporcionar cualquier información adicional que pueda considerar útil a este respecto.
“El caso será examinado en cuanto al fondo por el Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración una vez recibida la respuesta del Gobierno. No obstante, tras un plazo razonable, el Comité se verá obligado a examinar este caso aún en la hipótesis de que no se hayan recibido las observaciones del Gobierno. Cuando el Comité examine el caso, su organización será informada.
“Entretanto, le invito a que consulte NORMLEX en la página Internet de la OIT; se trata de un sistema de información sobre normas internacionales del trabajo, que contiene, entre otras cosas, informaciones sobre todo examen o consideración de su caso por parte del Comité: http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:20060:0::NO:20060”, finaliza el texto.
La denuncia
Federico Giuliani fue recibido el 15 de diciembre en su sede de Ginebra por los responsables de la Organización Internacional del Trabajo para dar seguimiento a la creciente represión del Gobierno de Milei a los líderes sindicales, al igual que el Gobernador cordobés Martín Llaryora, así como para conocer al detalle las siete causas judiciales abiertas contra él por el desempeño de sus funciones como Secretario General de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) y la CTA Autónoma en Córdoba (Argentina).
La denuncia, expone la criminalización de la protesta y la judicialización de los dirigentes sociales en Argentina y en Córdoba en particular. El dirigente fue recibido en la sede de la OIT por el representante del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo, Jean-Philippe Sauvageau.
Giuliani denunció ante la Comisión de Libertad y Democracia de la OIT la violación de los Convenios 87 y 98 de la OIT, criminalizando la protesta social “en un abierto y nada inocente intento de disciplinar a las distintas organizaciones sindicales que disconformes con la realidad bregan por un cambio de la misma siempre dentro de las prerrogativas que la legislación nacional y la normativa internacional les reconoce”, afirmó.
La denuncia está respaldada por las máximas autoridades de la CTA-A, el Secretario General Hugo Godoy y la Secretaria Adjunta María Ana Mandakovic, con el patrocinio letrado de Daniel Jorajuría, Secretario Administrativo y Director del Departamento Jurídico CTA Autónoma y de Javier Izaguirre.
Los hechos
En el documento, Giuliani describe una larga serie de procesos judiciales de las que es víctima en el contexto donde el dirigente ejerce el derecho a la protesta social, a la cabeza de multitudinarias movilizaciones en rechazo a la generalización de la pobreza y en demanda de alimentos para sectores vulnerables de la provincia, donde el Poder Judicial de Córdoba interviene como ariete del poder político para amedrentar a los luchadores sociales.
En ese marco, el dirigente describe con detalles hechos sucedidos desde 2023 a la fecha, donde frente a las movilizaciones populares el Estado responde con causas judiciales, allanamientos, detenciones arbitrarias, represión violenta –donde Giuliani resultó incluso lesionado por la Policía con la quebradura de un brazo-, todo en el marco de la política del Gobierno Argentino que aplica la represión callejera en todo el país, y en combinación con las administraciones provinciales.
Así, Giuliani enumeró los distintos hechos que motivan la denuncia:
- Marcha contra el Hambre en abril de 2023.
- Visita de Milei Córdoba en mayo de 2024.
- Escrache a la Fundación Mediterránea en mayo de 2024.
- Protesta frente a la Municipalidad de Córdoba en agosto de 2025.
“En el gremio se hizo constante y permanente la presencia policial, tal es así que momentos en que se realizó un Plenario de Delegados Nacionales se encontraban 4 móviles (2 autos y 2 motos) con todo su personal abajo, y en la puerta de nuestro sindicato filmando el ingreso de las y los compañeros. Por esta actividad se realizaron las denuncias periodísticas en los medios alternativos locales y en los propios medios y redes de la Central de Trabajadores y de ATE”, remarca la denuncia.
Y agrega: “Esta situación se ha vuelto insostenible en la provincia de Córdoba de la República Argentina. Es la manifestación de la política nacional de criminalización de la protesta llevada a cabo en territorio provincial. La dureza de esta política policial y judicial la encarna en contra de la CTA-A y de ATE, por ser la central de trabajadores y el gremio que más lucha ante las políticas de despido y ajuste nacional y provincial”.
Un proceso de criminalización
Si bien, denuncia Giuliani, en principio solo parecen como hechos aislados, visto en perspectiva, se puede apreciar que forman parte de una política pública de parte del Gobierno de la Provincia de Córdoba; destinado a implementar un ajuste sobre los trabajadores públicos (en primer lugar) que luego se traslada a los trabajadores privados.
“En estos momentos en la provincia de Córdoba se ha vuelto a los tiempos previos a la dictadura cívico-militar de 1976. En los procedimientos policiales aparecen agentes policiales que no llevan identificación, que por su accionar y los registros que quedan de las actuaciones policiales nos llevan a aquella época oscura”, asegura la denuncia.
Además, el documento presentado ante la OIT ofrece prueba documental y testimonios de Giuliani y de un conjunto de dirigentes encartados en las causas judiciales con que el Gobierno pretende imponer el silencio social a la protesta.
En consecuencia, la denuncia reclama que:
- Se admita la presente queja y se constituya un caso sometido a examen del Comité Libertad Sindical.
- Considérese a todos los efectos que los hechos denunciados son graves y de urgente trámite.
- Se ordene el inmediato cese de la persecución y represión en las marchas de protesta y reclamos llevadas adelante por nuestras organizaciones, como así también los hostigamientos a los locales sindicales;
- En su oportunidad, se recomiende a que por intermedio de la Autoridad Nacional se garantice el pleno goce de los derechos y garantías de la Libertad Sindical, reparando las consecuencias de los efectos ya consumados, cese de inmediato los que se estén consumando y se abstenga de toda reiteración en el futuro.
