Nuestras delegadas en el sector advierten sobre salarios por debajo de la línea de dignidad, desfinanciamiento de políticas públicas y un fuerte impacto en la salud mental de las y los trabajadores
Las delegadas de ATE en la Secretaría de Trabajo de la Nación, María Elena Berger y Pato Larroque, describieron con preocupación la situación que atraviesan las y los trabajadores del organismo bajo el convenio SINEP, en un contexto marcado por el ajuste, el desfinanciamiento y la paralización de políticas públicas desde el inicio del actual gobierno nacional.
“Hoy por hoy, en la Secretaría de Trabajo estamos como la mayoría de los trabajadores y trabajadoras del Estado nacional: con salarios muy por debajo de lo que corresponde”, señalaron. A pesar de tratarse de una de las secretarías con mayor cantidad de personal de planta permanente dentro de la Administración Pública Nacional, continúan existiendo contratos bajo el artículo 9, que fueron los primeros blancos de los recortes y despidos al inicio de la gestión.
Las delegadas explicaron que el ajuste impacta de lleno en las políticas que el organismo debe garantizar. “Estamos muy restringidos para dar respuesta a las demandas, por ejemplo en materia de empleo, por cuestiones estrictamente presupuestarias. Los programas están totalmente desfinanciados y los montos que reciben las personas beneficiarias están congelados desde que asumió Milei, con aumentos mínimos o directamente inexistentes”, afirmaron.
Este vaciamiento genera una paradoja preocupante: estructuras preparadas y personal altamente capacitado —en su mayoría técnicos y técnicas de carrera— frente a una fuerte reducción de tareas. “Trabajamos ocho horas diarias, cuarenta semanales, como marca el convenio, pero la disminución de tareas impacta directamente en la salud mental. Hubo un momento con muchas carpetas médicas y psiquiátricas, algo que nos alarmó profundamente. Incluso, muchas de las personas despedidas estaban atravesando situaciones de este tipo”, denunciaron.
Un rol estratégico debilitado
La Secretaría de Trabajo cumple un rol central en el control del trabajo no registrado a través del Programa Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT). Las delegadas remarcaron que las denuncias por empleo no registrado aumentaron de manera significativa, pero que el organismo no cuenta con los recursos necesarios para dar respuesta.
“No tenemos vehículos suficientes ni inspectores en cantidad. Eso hace que siempre se inspeccionen las mismas zonas de la ciudad de Córdoba y que prácticamente no se pueda salir al interior. Antes había operativos organizados; hoy eso es casi imposible”, explicaron.
A esto se suma la virtualización total del área de sindicales. “Trámites que antes se resolvían cara a cara ahora son completamente digitales. Esto no solo duplica el trabajo administrativo, sino que en este contexto genera más problemas que soluciones, tanto para los sindicatos como para los propios trabajadores del organismo”, agregaron.
Miedo y dificultades para la organización sindical
A pesar de tratarse del organismo que tiene como eje la defensa de los derechos laborales y la organización sindical, las delegadas señalaron que hacia adentro la situación es compleja. “El discurso oficial y la batalla cultural han calado muy hondo. Hay miedo entre los compañeros y compañeras a organizarse gremialmente”, afirmaron.
La mayoría de las y los trabajadores están afiliados a ATE, una parte no se encuentra afiliada a ningún sindicato y una minoría pertenece a UPCN. Sin embargo, ese escenario no se traduce en mayor capacidad de organización. “Cuesta mucho armar asambleas o impulsar medidas de fuerza, aun cuando el malestar, sobre todo salarial, es generalizado”, explicaron.
Frente a estas limitaciones, el trabajo gremial se concentra en lo que sí es posible gestionar: la carrera administrativa, el acompañamiento individual y la articulación permanente con la Junta Interna y el Consejo Directivo Provincial. “Gracias a esa articulación, Córdoba es reconocida como un ejemplo de organización dentro de las agencias territoriales. Pudimos revertir despidos y conseguir algunas victorias, aunque sabemos que no alcanza”, destacaron.
Reforma laboral y futuro incierto
Las delegadas también expresaron preocupación por la inminente reforma laboral. “Sabemos que es un punto de inflexión para nuestra cartera. Coincidimos en que una reforma laboral es necesaria, pero debe ser a favor de los trabajadores, no una reforma encubierta que beneficie a las patronales y vulnere derechos”, señalaron.
Además, advirtieron sobre la posible implementación de una nueva estructura organizativa diseñada por el equipo de Sturzenegger, que implicaría una reducción significativa de áreas, y sobre el futuro del programa Volver al Trabajo, destinado a ex beneficiarios de Potenciar Trabajo, cuyos ingresos podrían dejar de percibirse a partir de abril.
“Hoy las políticas no se están reactivando. Aunque se anuncian capacitaciones o cursos, en el día a día no hay propuestas reales ni presupuesto. Nos reinventamos para acompañar a las personas en la búsqueda de empleo, con un trabajo casi artesanal, uno a uno, porque desde Nación no hay respuestas”, concluyeron.
Desde ATE, las delegadas remarcaron que la salida es colectiva: salarios dignos, reactivación de las políticas públicas y más organización para defender el rol del Estado y los derechos de las y los trabajadores.
