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Giuliani declaró en Tribunales y presentó pruebas contundentes sobre las mentiras que utilizaron la policía y la fiscalía para imputarlo

17 octubre, 2025
en Consejo Directivo Provincial - CDP

El secretario General de ATE y la CTAA Córdoba, Federico Giuliani, realizó una declaración indagatoria esta mañana en la Fiscalía de la provincia del Distrito 1 Turno 4, en la causa instrumentada por el fiscal Ernesto De Aragón, en el marco de la brutal represión que la policía de la provincia realizó contra una manifestación de la Federación Nacional Territorial (FeNaT-CTAA), frente a la Secretaría de Políticas Públicas de la Municipalidad de Córdoba el 28 de agosto, donde un millar de manifestantes reclamaban alimentos para comederos populares de la Capital provincial.

Giuliani, junto a otras y otros 14 compañeros y compañeras, resultó imputado por supuestas amenazas y resistencia al autoridad, en un procedimiento llevado a cabo dentro de la dependencia donde la policía le quebró un brazo, mientras maltrataba al resto de los y las dirigentes presentes en el lugar. Todo se realizó con la complicidad judicial, que posteriormente las y los mantuvo detenidos hasta la noche, salvo el caso de nuestro secretario General, que debió permanecer cinco días demorado, incluso esposado a una cama en el Hospital Misericordia mientras era atendido por la quebradura del brazo, hasta que el Juzgado de Control ordenó su libertad, dando cuenta de la arbitrariedad y el ensañamiento del fiscal De Aragón en su contra.

En ese marco, en la puerta de ingreso a Tribunales II, Giuliani explicó que la de hoy se trató de su segunda declaración indagatoria, tras negarse a declarar en el primer llamado del fiscal, porque la causa todavía se encontraba en secreto de sumario.

“Hoy vinimos a desmontar la mentira de la policía de Córdoba, en la causa armada por el fiscal De Aragón y con la responsabilidad política del ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros”, dijo el dirigente.

Y agregó: “realicé una declaratoria extensa y profunda, exigiendo que se haga Justicia por toda la situación de privación ilegítima de la libertad que sufrimos. Pero vamos a ir por más, porque lo que pasó no puede quedar impune. Vamos a dejar establecidas las responsabilidad que cada uno de los actores contra ATE y la CTAA, e Insistimos en manifestar que la protesta no es un delito sino un derecho. Por eso nos parece importante la acción que llevamos adelante, que continuarán con las denuncias pertinentes para ir marcando la cancha a este cordobesismo que nos quiere quietos y obsecuentes. Vamos a seguir peleando si continúa la injusticia social en la provincia”.

Pruebas presentadas

Seguidamente, el abogado de ATE, Claudio Orosz, amplió conceptos sobre las accesiones que se vienen llevando adelante desde la defensa de las y los imputados y remarcó que se aportaron serie de imágenes y filmaciones, , a partir del aporte de múltiples organizaciones, que demuestran cómo el operativo por el cual fue imputado Giuliani estuvo fuera de la ley.

“Las pruebas demuestran que la acusación que pesa sobre Giuliani y el resto de los compañeros es una absoluta falacia de los comisarios que entregaron el procedimiento. Mintieron descaradamente ante la fiscalía con la complicidad del ministro (de Seguridad Juan Pablo Quinteros) y, obviamente, del fiscal. Hicimos aclaraciones de absoluta pertinencia y utilidad para dilucidar la verdad para que no se siga reprimiendo el derecho constitucional a la protesta y de peticionar ante las autoridades”.

El letrado denunció también “la costumbre tan cordobesa de la policía y el ministro, con la complicidad de la Justicia, de automáticamente reprimir e imputar a los luchadores sociales. Lo hicimos por escrito de manera extensa en un texto de nueve hojas y además acompañamos las filmaciones que demuestran que ni se tiraron piedras ni hubo amenazas, ni hubo un ingreso violento a la dependencia, ni se rompieron vidrios. Las pruebas dejan claro que si hubo funcionarios municipales que quisieron dialogar con los manifestantes e intentaron salir a la calle a hablar con la multitud presente, compuesta en su mayoría por mujeres y niños. Pero eso le fue impedido por la policía”.

Por otro lado, Orosz informó que se hizo reserva de realizar una denuncia penal porque Federico Giuliani “no solo fue ilegalmente detenido sino que además se le quebró un brazo en ese procedimiento. La denuncia se presentará en los próximos días, contra los responsables del procedimiento y contra la fiscalía que hizo estas imputaciones falaces”.

Revés para De Aragón

En otro orden, en una causa donde el mismo fiscal De Aragón intentó arbitrariamente imputar a Giuliani por su participación en la marcha en repudio a la presencia del Presidente Javier Milei en Córdoba el 25 de mayo del año pasado en la Plaza San Martín, el abogado de ATE explicó que el dirigente “ejerció el derecho constitucional de manifestarse, de expresarse y de circular, pero De Aragón le imputó instigación pública a cometer delitos”.

Orosz remarcó que “el desconocimiento supino de derecho de este funcionario judicial, porque el artículo 33 del Código de Procedimiento Penal de la Nación establece que ese delito es de exclusiva y excluyente jurisdicción federal y por lo tanto no procede su intervención como fiscal de la provincia. Por eso el juzgado de control de esa causa, luego de un análisis meduloso de los antecedentes de la jurisprudencia y la doctrina, nos dio la razón y declaró la incompetencia provincial, para luego remitirla a la Justicia Federal”, dando por tierra con la persecución que impone De Aragón al dirigente estatal, armando causas judiciales de manera permanente para amedrentarlo.

“La Justicia Federal nos da muchas más garantías, ya que fue visitada por la Comisión Interamericana de DDHH y participó de los diversos eventos que la Comisión tuvo en Argentina y en Montevideo hace dos años. Ahí quedó claro que no se puede reprimir la protesta social cuando es pacífica, y menos judicializarla con figuras como la instigación o el entorpecimiento del transporte. El Cordobesismo van a tener que entender que las convenciones y la Constitución rigen en la provincia”, concluyó el abogado.

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