La mesa Sindical de Ciencia y Técnica será parte esta semana de protestas y movilizaciones callejeras en Córdoba como las Ronda de las/os Jubilados que se realiza en Plaza San Martín, este próximo miércoles 6 de agosto, y los cortes de arterias de ingreso de la Ciudad Universitaria, en el marco del plan de lucha que desarrolla la comunidad universitaria en la UNC.
Así, se unifican el reclamo por aumentos salariales de de nuestros jubilados, y en repudio al veto de Javier Milei a la ley que otorga un mísero aumento de sus haberes, con la defensa del presupuesto de la casa de estudios y en contra al veto del mandatario a la ley del Congreso que lo aumenta, con la lucha contra el vaciamiento del sector de Ciencia y Técnica estatal, de los más calificados y eficiente de la región, situación que lo lleva a lograr un reconocimiento internacional.
La Mesa Sindical agrupa organismos como CONAE, CONEA, Dioxitek, INTI, INTA, VENG y la Universidad Nacional de Córdoba, junto a gremios sectoriales como Adiuc (docentes e investigadores universitarios) y Apinta (gremio de INTA seccional Manfredi) y FAGDUT (Universidad Tecnológica Nacional).
Con los jubilados, la convocatoria a la protesta es el próximo miércoles a las 10.30 horas, mientras que al día siguiente la medida de fuerza está llamada a partir de las 9.30 horas.
Vaciamiento
Desde la asunción del gobierno de Javier Milei y La Libertad Avanza, se ha desplegado un ataque sistemático contra el sistema nacional de Ciencia y Tecnología, incluidas las Universidades Nacionales, tratándolos como organismos prescindibles o innecesarios. Este enfoque ha derivado en una brutal reducción de la planta laboral, con 4040 despidos y renuncias forzadas en el SNCyT. Esta pérdida no solo implica una disminución de recursos
humanos, sino también la pérdida de conocimiento acumulado, experiencia técnica y capacidades estratégicas que son muy difíciles —o incluso imposibles— de recuperar a corto o mediano plazo.
Este desmantelamiento no es casual, sino coherente con el modelo de país que promueve el actual gobierno, basado en la provisión primaria de recursos naturales y energéticos como principal forma de inserción en el mercado global, en clara alineación con intereses de potencias extranjeras como Estados Unidos e Israel. La estructura económica lo demuestra: durante esta gestión, los sectores que más han crecido son el agropecuario
(+99 %) y la intermediación financiera (+13,7 %), mientras que el sector industrial (clave para el desarrollo soberano y generacion de empleo estable y con derechos) cayó un 15,8 %.
La relación entre la inversión en ciencia y tecnología y el desarrollo socioeconómico es directa. No es casualidad que los países que más invierten en Investigación y Desarrollo (I+D) sean también los más avanzados en esos aspectos:
Estas cifras dejan en evidencia que sin inversión pública sostenida no hay desarrollo posible.
El modelo que impulsa el gobierno nacional, junto con los bloques que han acompañado la Ley Bases o se negaron a dar quórum para derogar el DNU 70/2023 —como el PRO, la UCR y Hacemos por Córdoba— es un modelo de exclusión, precarización y atraso. El reciente Decreto 462/2025, parcialmente frenado por la Justicia, representa una nueva ofensiva contra el sistema científico y tecnológico. Es urgente que el Congreso lo rechace,
y que se exija el cumplimiento de la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Ley 27.614).
Este modelo condena a las generaciones presentes y futuras a empleos precarios, con bajos salarios y sin derechos laborales básicos, promoviendo un esquema de “economía de plataformas” (como Rappi, Uber y similares) en lugar de un modelo de desarrollo soberano con trabajo calificado, industria nacional y valor agregado.
Todos los países que lograron desarrollar sus economías lo hicieron con inversión estatal en ciencia y tecnología, con participación pública en empresas estratégicas, y con un Estado capaz de orientar el desarrollo en función del interés nacional. Es esa la senda que debemos defender.
