La Justicia Laboral declaró hizo lugar al recurso de amparo presentado por la ATE y suspendió los efectos del Decreto 430/25 que pretendía eliminar el Día del Trabajador del Estado y se celebra hoy el viernes 27 de junio.
“Siempre supimos que este decreto era ilegítimo. Se trataba de una cuestión de tiempo y hoy tenemos que valorar que la Justicia haya actuado con rapidez para salvaguardar uno de los derechos que conquistamos los estatales ya hace décadas”, indicó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.
La demanda fue tramitada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N°3 y la resolución tuvo la firma de la jueza Moira Fullana.
“Esta decisión es muy importante porque frente a un Presidente que dice públicamente que quiere ser cruel con los empleados públicos, nosotros le respondimos con institucionalidad. Hoy le pusimos un límite a los desquiciados que nos gobiernan. Queda claro que tenemos que luchar en todos los planos”, agregó Rodolfo Aguiar.
“El Empleo Público ha ganado una batalla en la guerra contra la estigmatización que desde el poder se intenta. Que los empleados públicos celebren en sus hogares con la frente en alto y junto a sus familias”, concluyó el Secretario General de ATE Nacional.
La resolución expresa detalla: “Admitir la viabilidad formal de la acción de amparo interpuesta; Hacer lugar a la medida cautelar peticionada y suspender provisoriamente los efectos del DNU 430/25 en relación con la Asociación Trabajadores del Estado y los trabajadores representados por dicha entidad gremial hasta tanto se dicte sentencia definitiva; Diferir la imposición de costas y regulación de honorarios para el momento en que se dicte el pronunciamiento definitivo sobre el fondo de la cuestión”.
Esta definición fue celebrada por el sindicato que se encontraba celebrando su 68° Congreso Nacional con la presencia de las conducciones de todas las provincias.
El Día del Trabajador Estatal el 27 de junio fue sancionado por la Ley 26.876, promulgada en 2013. La misma conmemora el momento en que la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 1978, adoptó el Convenio Nº 151 y la Recomendación Nº 159 vinculados al derecho a la negociación colectiva y las relaciones de trabajo en la administración pública.
