La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) advirtió sobre la grave situación que se está desarrollando con los archivos históricos de la Armada Argentina. Luego de que el Ministerio de Defensa dispusiera el traslado de estos documentos a una nueva sede con el objetivo de ‘depurar’ la información, lo que incluye la posibilidad de su trituración, el sindicato elevó un pedido de informes exigiendo explicaciones y garantías de conservación.
El Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, expresó con contundencia: “40 años después se proponen seguir destruyendo pruebas. Los genocidas festejan, lograron un Gobierno que pretende garantizarles impunidad y legitimar sus crímenes atroces. Se están vulnerando todas las leyes vigentes en nuestro país. No puede ser la propia Armada la que ahora lleve adelante este proceso de depuración y trituración de documentación que resulta valiosa para el fortalecimiento de una democracia que se construyó sobre el juicio y castigo de los responsables de los crímenes ocurridos durante la última dictadura militar”.
La nota enviada por ATE, bajo el expediente X-2025-10252565-APN-DNPAIP#AAIP, fue dirigida al ministro de Defensa, Luis Petri; al Jefe del Estado Mayor General de la Armada, Carlos María Allievi; y al Secretario General de la Armada, Enrique Antonio Balbi. En el documento, el sindicato exige que el Gobierno informe si se le dio intervención al Archivo General de la Nación, que como órgano rector de todos los archivos del país, debe supervisar cualquier proceso de selección y conservación documental.
Desde ATE también se denuncia que esta medida es parte de una ofensiva más amplia contra las políticas de derechos humanos. “Sin lugar a dudas, esta decisión es un nuevo ataque a las políticas de derechos humanos. No es solo por su carácter de negacionistas, detrás de esto hay una estrategia clara de legitimar las prácticas de persecución, el encarcelamiento y la tortura de quienes piensan distinto para disciplinar en el presente. Tenemos que impedirlo”, agregó Aguiar.
Por su parte, Valeria Taramasco, Secretaria de Derechos Humanos de ATE Nacional, alertó sobre la gravedad del asunto: “Esta decisión forma parte de una política de ataque a los Derechos Humanos en general y a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en particular. Desde el cierre del INADI, el desmantelamiento de la Secretaría de Derechos Humanos, el intento de cierre de los sitios de la memoria y el despido de sus trabajadoras y trabajadores. Entonces, esto que están haciendo ahora es gravísimo, porque además de desmantelar el equipo de profesionales que analizaba esos archivos y los preservaba, ahora directamente apuntan a su destrucción”.
Taramasco también planteó una preocupación fundamental: “Nos preguntamos, ¿a cargo de quiénes queda la selección de los archivos a depurar y triturar? No sea cuestión que quede a cargo de los mismos que quieren ocultar la verdad sobre los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado y garantizar la impunidad a sus perpetradores”.
Cabe recordar que la política de ajuste y desmantelamiento del Estado impulsada por el Gobierno de Javier Milei provocó el despido de la totalidad del Equipo de Relevamiento y Análisis de los Archivos de las Fuerzas Armadas. Este equipo, conformado por archivistas, historiadores, sociólogos y comunicadores, tenía la función de analizar y preservar documentos históricos, además de aportar información a la Justicia en causas por delitos de lesa humanidad.
ATE continuará exigiendo que se respete la preservación de la memoria histórica y que se detenga cualquier intento de destrucción de archivos que resultan fundamentales para el derecho a la verdad y la justicia en Argentina.
