El brutal ataque contra la políticas de memoria, verdad y justicia sobre los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la dictadura genocida 1976-1983 por parte del Gobierno de Milei configura la destrucción de uno de los acuerdos de convivencia democrática que más tiempo llevó alcanzar desde el ’83 a la fecha.
Durante todo el año 2024, bajo la firma del ministro de Justicia Santiago Cúneo Libarona el Gobierno procedió al vaciamiento sistemático de todos los órganos del Estado dedicados a atender las temáticas de Derechos Humanos: desde el acompañamiento psicológico de víctimas de terrorismo de Estado y restitución de identidades a la tramitación de las leyes reparatorias, y su asesoramiento legal.
Córdoba, una de las provincias más duramente afectadas por el terrorismo de Estado, es un claro ejemplo de ello, ya que el 90% del personal fue pasado a retiro voluntario o despedido, en una expresión práctica del negacionismo sobre hechos la Argentina se comprometió internacionalmente a dar justicia y reparar.
Así, la provincia cuenta hoy con solo dos trabajadores y quedaron como áreas afectadas el Consejo Federal de DDHH, el Centro Ulloa (de acompañamiento psicológico de víctimas), la CoNaDI (encargada de restitución de identidad), los CAJ, entre otros.
Desde ATE repudiamos la política negacionista y vaciadora de Milei e instamos al Ministerio de Justicia a rever todas las medidas apuntadas a desandar las políticas estatales de DDHH que llevaron a nuestro país a un reconocimiento internacional sin precedentes. Nuestra lucha, tal como fijó la conducción nacional de ATE, siempre tendrá como fin restituir las estructuras estatales atacadas y retomar la atención de la población demandante del servicio estatal de DDHH.
En ese marco, ATE participará hoy del abrazo a la ESMA para repudiar las políticas de Milei y acompañar a las y los trabajadores de la Secretaría de DDHH de la Nación.
Nieto 138
Mientras se suceden estos amargos acontecimientos, saludamos la restitución del Nieto 138, concretada a través del trabajo infatigable de Abuelas de Plaza de Mayo, organismo de DDHH que llena de orgullo a nuestro país y el mundo. 
“Aunque el Gobierno pro genocidio y terrorismo de Estado lo niegue, somos semilla, aunque quieran borrar la memoria colectiva, seguimos de pie. No al desguace en DDHH de la Nación, si a la reparación histórica, ni olvido ni perdón”, sentenció el Consejo Directivo Provincial de ATE Córdoba, en un reconocimiento a la labor que cumple Abuelas en Argentina.
El hallazgo de este nuevo Nieto da cuenta que la sociedad argentina continúa caminando en la senda de la memoria, la verdad y la justicia, por más que el negacionismo de Milei y su claque fascista pretendan lo contrario.
Organismos reclaman continuidad de las/los trabajadores
En ese marco, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), junto a otros organismos de Derechos Humanos, exigieron al Ministro de Justicia Cúneo Libarona la continuidad del conjunto de trabajadores y trabajadoras a su cargo en los entes encargados de aplicar y garantizar las políticas de DDHH.
“Los Organismos de Derechos Humanos abajo firmantes exigimos al Ministro de Justicia, Cúneo Libarona, la continuidad del conjunto de trabajadores y trabajadoras a su cargo. La decisión anunciada en el día de ayer de cesar las contrataciones de cientos de agentes públicos impacta de manera brutal en los distintos programas y
servicios vinculados con la defensa de los derechos humanos y las políticas de Memoria Verdad y Justicia. Hemos denunciado en su momento la supresión de los equipos de patrocinio jurídico en materia de violencia de género actuantes en las provincias, así como la reducción de los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ), de particular relevancia en los barrios populares”, señalaron.
Y agregaron: “El despido de cientos de trabajadores, trabajadoras, profesionales, operadores y administrativos terminará por destruir la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación; en particular la totalidad de los Sitios para la Memoria, y el Registro unificado de víctimas del terrorismo de estado, entre otras áreas de particular importancia y prestigio jurídico y social. A ello se suma el insólito anuncio de quites de incentivo y reducción a más de la mitad del sueldo para otros cientos de trabajadores, lo cual implica su total pauperización”.
“Desde los Organismos de Derechos Humanos afirmamos que continuar violentando los derechos laborales y las Políticas de Memoria constituyen delitos gravísimos, pasibles de ser considerados incumplimiento de deberes de funcionario público y por los cuales, ministros y secretarios deberán responder, tanto en el nivel local como internacional”, denunciaron, “de no escucharse nuestro reclamo instaremos a los demás Poderes del Estado a hacer cumplir la Constitución y el Estado de derecho hoy amenazados por personajes políticos que desprecian los valores acuñados en la vida democrática y que están afirmados en la Constitución Nacional y Tratados internacionales de Derechos Humanos”.
