El municipio de Sierras Chicas atraviesa una profunda crisis económica y sus empleados tomaron medidas de fuerza que afectan la normal atención a los habitantes de la localidad.
jueves un paro debido a la reducción de horas laborales, lo que implica una rebaja salarial del 28%. Acompañados por sus familias y vecinos, se concentraron el martes, bajo la lluvia, frente a la comisión del Concejo Deliberante para reclamar, entre otros puntos, por el pago de sus salarios de septiembre.
La movilización surgió como respuesta a la angustiante situación que enfrentan desde hace algunos meses, motivo por el cual el municipio declaró en agosto la emergencia económica por una grave crisis financiera.
“Nos duele la realidad de no poder pagar salarios”, había dicho por aquellos días a PERFIL CÓRDOBA el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Mendiolaza, Alejandro Medrano. Como mensaje a la planta política y empleados, la intendenta Adela Arning dispuso la reducción su sueldo en un 30%, como así también de sus funcionarios.
Sin embargo, el conflicto escaló de forma tal que los trabajadores municipales decidieron parar por 48 horas esta semana. “El paro surgió porque no llegamos a un acuerdo con el Ejecutivo, que no hizo ninguna otra oferta más allá de la reducción horaria o el posible despido de 65 trabajadores”, explicóa este medio Luciana Pérez Dávila, delegada de los empleados municipales por ATE.
Además, denunció que llevan dos meses con el salario congelado, una situación que el gobierno local busca extender hasta marzo de 2024. “Hoy es 9 del mes y todavía no percibimos nuestros haberes”, agregó.
Los sueldos de los trabajadores, que van desde los 250 mil pesos en la categoría más baja hasta los 822 mil en la más alta, se encuentran por debajo de la línea de pobreza e indigencia, indicaron a este medio.
Desde la oposición, se pidió con urgencia la reducción de la planta política del Ejecutivo, argumentando que Mendiolaza ya es una de las ciudades con menor cantidad de empleados municipales y que no se puede prescindir de quienes garantizan el funcionamiento de los servicios públicos esenciales.
Fuente: Perfil Córdoba