Con la presencia de los secretarios generales de la CTA Autónoma Punilla, Juan Yacobs, de la CTA-A Traslasierra, Hugo “Pájaro” Galaburri, el secretario Adjunto de ATE Cruz del Eje y Secretario Gremial de la Central de Punilla, Juan Pablo “Beto” Pozzi, y el delegado de ATE en Villa Cura Brochero, Gustavo Cohen, se realizó en la Cámara en lo Criminal de Villa Dolores una audiencia donde se debatió si se lleva o no a juicio oral y público a seis defensores ambientales que participaron de un escrache al ex intendente de Cosquín, Gabriel Musso, durante las protestas contra la obra de la Autovía de Punilla.
“En los estrados de los Tribunales de Villa Dolores se alza la voz contra la criminalización de la protesta social en toda la provincia de Córdoba. Los reclamos que están judicializados tuvieron lugar por considerar urgente la defensa del derecho al ambiente sano y a la protesta constitucional para su defensa”, afirmó Yacobs.
La audiencia en Villa Dolores contó con mucha participación de organizaciones pertenecientes al campo gremial y ambiental de Traslasierra, Punilla, y Paravachasca. Los dos abogados defensores de los compañeros judicializados pudieron exponer la absoluta falsedad de los hechos que se les imputan.
Impugnaciones y persecuciones
En ese marco, el abogado Joaquín González, patrocinante de la delegada de ATE en el Hospital Colonia Santa María de Punilla, Marcela Martín, planteó la falta de garantías procesales y denunció que el Juez de Control se negó incorporar los testigos de su parte en todas las oportunidades. También se explayó argumentando la defensa de las víctimas de la judicialización de la protesta el abogado René Amsler que representa a Marco Enrique D’Angelo y Alba Cristina Ortiz.
Se hizo presente el reclamo por otros hechos de falta de Justicia como el caso de la audiencia contra Diego Concha por el femicidio de Luana Ludueña el 31 de julio o la causa por el intento de quitarle sus hijos a Constanza Taricco que tiene movilizada a la APDH Traslasierra hace una semana.
A su vez, en la puerta de los tribunales de Villa Dolores se desarrolló un juicio ético y popular a al Poder Judicial cordobés, patriarcal y ecocida que todavía protege al ex Presidente de la Unicameral, Oscar González, autor del crimen vial de las Altas Cumbres, mientras los defensores ambientales deben sentarse en el banquillo de los acusados
El 28 de mayo pasado, el Juez de Control de Cosquín, Ramiro Núñez, resolvió la elevación a juicio de la causa contra Marco Enrique D’Angelo, Federico Ernesto Díaz, Alba Cristina Ortiz, Matías Marcelo Pérez, Marcela Alejandra Martín, Gabriela Taborda Varela y Cristian Mariano Viglietti, por “amenazas”, “resistencia a la autoridad” y “daños”, a partir de la imputación dispuesta por la fiscal de instrucción Paula Kelm. La decisión, apelada por las defensas, debe ser revisada por la Cámara de Villa Dolores.
En los últimos tres años, Kelm también imputó a otros once militantes, siendo un total de dieciocho las personas acusadas en distintas causas por la misma fiscalía, todas relacionadas a la resistencia de los vecinos a la construcción ilegal e ilegítima de la llamada Autovía de Montaña.
Desde el 25 de enero del 2023 año al presente, han tomado estado público las elevaciones a juicio de seis de los 18 defensores ambientales imputados por acciones de protesta en torno a la construcción de la Autovía de Punilla.
Tres de esos dieciocho imputados son miembros de la Comisión Directiva de la CTA-A Punilla: Dos periodistas y un comunero indígena de la localidad de San Esteban, junto a tres defensores ambientales más, una de ellas delegada de ATE Córdoba en el Hospital Colonia Santa María.
Las voces de la vida
Marcelo González, de Ambiente Punilla, Cosquín, Reserva Río Yuspe y Reserva Los Gigantes, hizo un llamado a la unidad en la resistencia contra el amedrentamiento del Gobierno por la judicialización de la protesta.
Luis Suarez, activista del Valle de Paravachasca, relató los sucesos del acampe y el posterior desalojo por autoridades policiales. Expresó que el desalojo se realizó en un momento de debilidad del acampe, cuando había pocos compañeros, lo que facilitó la acción de las autoridades.
Daniel Emerit, profesor y biólogo del Foro Ambiental Traslasierra relató en un alegato contundente la tétrada cómplice de delitos ambientales y ecocidas que promueven la judicialización de la protesta: Justicia-gobierno-empresariado-políticos. Y afirmó que sin estos cómplices no habría negocios extractivistas-ecocidas en ninguna parte de la provincia ni en todo el territorio nacional.
Más apoyos
Durante la mañana se destacó la presencia de dirigentes de la UEPC Capital, Liliana Olivero, del Frente de Izquierda; militantes y activistas de los valles de Punilla, Paravachasca y Traslasierra, junto a numerosos ciudadanos preocupados por el avance del agronegocio, que pretende sentar precedentes en la persecución judicial de los y las defensoras del ambiente y la vida.
La demanda generalizada, a viva voz, fue: ¡Basta de persecución, sobreseimiento inmediato de los imputados de Punilla!
