La Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas (CONTA) y el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) lanzaron un fuerte comunicado, al que adhiere ATE Córdoba, que denuncia del desmantelamiento del sistema de controles y regulación de medios y telecomunicaciones argentinos a partir de la intervención de la ENACom (Ente Nacional de comunicaciones), quitando toda proyección a los medios de comunicación comunitarios y alternativos y sometiendo el espectro al arbitrio de las corporaciones hegemónicas y su discurso único.
El comunicado afirma: “Los 180 días de la intervención por decreto del ENACom se cumplen con fuertes retrocesos en materia de democracia informativa, participación ciudadana y Derecho a la comunicación.
Esta situación contraviene el principio de autonomía del órgano regulador de medios y telecomunicaciones, subordina el control, la atribución y asignación de espectro para licencias audiovisuales y de telecomunicaciones al Poder Ejecutivo y le otorga plena discrecionalidad en la toma de todas las decisiones. De esta forma se elimina cualquier tipo de contralor del Congreso sobre el órgano que, en la Argentina, funciona simultáneamente como regulador y como autoridad de aplicación.
En este marco se destaca la paralización total del Fomento vigente por ley y con presupuesto asignado a la comunicación comunitaria, originaria y de frontera, que al borde del octavo mes del año presenta ejecución cero. Se retienen fondos de proyectos en desarrollo, se desconocen convenios firmados y concursos iniciados y, en un mensaje político de desprecio inédito en la historia del Ente, se niegan incluso a recibir a las redes y federaciones representantes de la comunicación comunitaria.
Con la misma excusa utilizada en otras áreas para retener y recortar alimentos, tratamientos de salud o pensiones, se implementa la figura de una “revisión” que en la práctica es una paralización total -en contraste con la celeridad para atender y expandir los negocios de los mismos de siempre- sobre fondos que devienen de los gravámenes que los propios medios tributamos al Ente.
La suspensión de las políticas públicas de conectividad en barrios populares, desregulación total y fuerte tarifazos, despido de trabajadores, cierre de delegaciones completan el panorama. Una intervención a tono con el escenario general de ultra concentración, autoritarismo, vaciamiento de los medios públicos, hostigamiento a periodistas (en particular mujeres), y promoción del acoso digital.
Exigimos el pago de las deudas y la plena aplicación de la ley”.
