En medio de la creciente preocupación por la criminalización de la protesta ambiental en Córdoba, el Secretario General de la CTA Autónoma Traslasierra, con asiento en la ciudad de Villa Dolores, Hugo “Pájaro” Galaburri, expresó su postura sobre el polémico proceso judicial que enfrentan seis defensores del ambiente.
Marco D’Angelo, un destacado miembro de la grupalidad ‘Pan y Caramelo’, ha revelado la alarmante situación que se vive en Punilla. ‘Pan y Caramelo’ es un colectivo formado por defensores de los territorios y de todas sus formas de vida, provenientes de diversas localidades de la provincia de Córdoba. Estos activistas han denunciado enérgicamente la destrucción y las irregularidades asociadas con la construcción de la Autovía de Punilla, proyecto vinculado a la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) y el Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN).
El 28 de mayo, el Poder Judicial de Córdoba elevó a juicio a seis defensores ambientales, quienes desempeñan roles como trabajadores de la salud, campesinos, docentes, artesanos y periodistas. La audiencia de apelación está programada para el lunes 29 de julio de 2024, a las 12:30, en el Tribunal de Villa Dolores. Según ‘Pan y Caramelo’, este proceso judicial está plagado de irregularidades y es un claro ejemplo de criminalización de la defensa de los derechos en Córdoba, en violación de la Constitución Nacional y los acuerdos internacionales de derechos humanos.
El Secretario General de la CTA-A Traslasierra ha resaltado que esta persecución judicial busca sentar un precedente para silenciar a cualquier persona u organización que denuncie violaciones a los derechos ambientales.
En Punilla, ya hay 18 personas imputadas por defender el ambiente, además de numerosos casos de amenazas, persecuciones, desalojos ilegales, allanamientos, detenciones arbitrarias, violencia institucional y de género por parte de las fuerzas policiales y judiciales. Un ejemplo trágico de esta violencia institucional es el asesinato de Jonathan Romo en un calabozo de la Comisaría de La Falda.
Galaburri responsabiliza al Poder Judicial y a los gobiernos municipales, Provincial y Nacional por el conflicto social resultante de la falta de escucha y respuestas adecuadas al principio precautorio. En Córdoba y en toda Argentina, aumenta el número de personas judicializadas por defender los derechos ambientales.
Ante esta situación, la grupalidad ‘Pan y Caramelo’ ha convocado a organizaciones, asambleas, sindicatos, movimientos sociales, espacios culturales, comunidades indígenas, medios de comunicación y a todos los defensores de derechos a unirse en la construcción de un plan de acciones para visibilizar y denunciar el ataque contra los seis vecinos inocentes de Punilla.
Estas declaraciones de Galaburri fueron difundidas a través de los canales de TV de la Cooperativa Cemdo, Canal 9 y Canal 4 En la Noticia, así como en Radio Verdad de Villa Dolores, ampliando el llamado a la solidaridad y la acción colectiva en defensa de los derechos ambientales y humanos en Córdoba.
