A través del decreto 606/2024, publicado recientemente en el Boletín Oficial, la Secretaría de Transporte ha dispuesto la intervención de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) por un plazo de 180 días. La medida, argumentada como necesaria para “elevar los estándares de seguridad, operacional, digitalizar procesos administrativos y auditar la gestión de los últimos años”, ha generado preocupación en (ANAC) .
La intervención implica el desplazamiento de Gustavo Marón, quien estaba a cargo del organismo, y su reemplazo por María Julia Cordero, quien ya formaba parte de la Subsecretaría de Transporte Aéreo. La ANAC continuará funcionando de manera descentralizada bajo la órbita de la Secretaría de Transporte, coordinada por la Subsecretaría de Transporte Aéreo a cargo de Hernán Gómez.
Desde ATE Córdoba expresamos nuestro repudio a esta intervención, que consideramos una maniobra encubierta para avanzar en la desregulación y precarización de la actividad aérea en el país. La simplificación de los trámites para autorización de rutas y operaciones, junto con la delegación de tareas de regulación de seguridad operacional a la ANAC, pone en riesgo tanto a los trabajadores del sector como a los usuarios de los servicios de aviación.
La medida de intervención, que según el Gobierno busca transformar a la ANAC en un organismo eficiente y acorde a las exigencias de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), no aborda las verdaderas causas de las deficiencias señaladas en las auditorías. En cambio, se enfoca en una reestructuración que podría llevar a una mayor precarización laboral y a la pérdida de derechos para los trabajadores de la aviación civil.
Agustin Bertone delegado de ANAC expreso “que a los compañeros la de la intervención le genera preocupación” . Reiteramos esta preocupación por las políticas de desregulación y ajuste que se están implementando, que lejos de mejorar la seguridad y eficiencia del sector, ponen en riesgo la estabilidad laboral de miles de trabajadores y la seguridad de los usuarios. Exigimos que se prioricen políticas que verdaderamente fortalezcan la capacitación y condiciones laborales de los empleados de la aviación civil y que se garantice la transparencia y participación de los trabajadores en cualquier proceso de reestructuración.
Además, alertamos sobre los riesgos que estas medidas pueden representar para la seguridad aérea en el país. Un organismo debilitado y con menos recursos humanos y técnicos, difícilmente podrá cumplir con los estándares internacionales y asegurar la protección y seguridad de la aviación civil en Argentina.
