Trabajadoras y trabajadores de la delegación cordobesa del Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (IAFCI), ex Agricultura Familiar, estuvieron en el Congreso de la nación el pasado 30 de abril, participando en la concentración que convocó ATE Nacional para repudiar el tratamiento de la llamada Ley de Bases, proyecto oficialista que suministra la herramienta legal para avanzar en el desguace del Estado y la destrucción del empleo público.
En Córdoba el IAFCI despidió 31 compañeras y compañeros y amaga con cerrar la delegación, dejando a campesinos, comunidades y pueblos originarios sin atención ni proyectos productivos.
“Nuestro trabajo se relaciona con proyectos productivos. Pero el abordaje es integral y se asesora sobre cuestiones de alimentación, género, de acceso de herramientas y medios para la subsistencia en los territorios campesinos para generar arraigo y permanencia de los jóvenes en los territorios más alejados”, explicó frente al edificio del Congreso la delegada de ATE Verónica Soto, despedida de manera ilegal a pesar de contra con la tutela gremial protectoria contra las arbitrariedades del Estado patrón.
Y denunció que “A partir del cambio de gobierno, nunca tuvimos designada autoridad que se haga presente en la delegación del organismo en Córdoba ni a nivel nacional. Desde diciembre estábamos poniendo nuestra voluntad y recursos para dar continuidad a las políticas en marcha. Por eso denunciamos que venimos sufriendo la vulneración de nuestros derechos, incluso se despidieron compañeras y compañeros con tutela gremial, con tratamientos médicos prolongados, incluso recién el 18 de abril se depositó el salario mes de marzo”.
“Después del 31 de marzo se designó una intervención del Instituto, a quien solicitamos audiencia para generar un espacio de diálogo y darle a conocer nuestra situación laboral y los proyectos que desarrollamos para estimular la producción de alimentos sanos y en armonía con el medio ambiente. Hasta el momento no obtuvimos respuesta, evidenciando el ninguneo y la falta de respeto por las y los trabajadores que impone el Gobierno de Javier Milei en la Administración Pública”, concluyó Soto.
