Desde su creación A la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) le tocó lidiar con la falta de personal y los cambios de oficinas para atender una demanda siempre en crecimiento. Hasta el 27 de marzo pasado 11 compañeras y compañeros trabajaban en Córdoba en el organismo cuya última dirección es 9 de Julio 359 de Córdoba Capital.
Dos de esas compañeras accedieron a contar su historia para que el sindicato difunda la realidad de los despidos de la era Milei: trabajadoras ultracapacitadas con muchísima antigüedad, que convivió con situaciones de precarización y ahora ingresó en un listado de Excel, perdiendo su puesto de trabajo en una medida que no afecta solo a 11 personas, sino a miles de otras con discapacidades que encontraban respuesta a su demanda y garantizaban sus derechos.
De la misma forma, toda una red de vínculos institucionales y territoriales, construidos con municipios, organismos de la salud provincial, con el Poder Judicial, y con organizaciones sociales, distintas caras de cómo se canaliza la demanda, quedarán sin respuesta. “Sin duda, cuatro personas no pueden atender todo ese trabajo”, explicas Cristina Roggero, mamá de dos hijas, cabeza de familia y trabajadora en el área de discapacidad hace 24 años.
“Soy trabajadora social, capacitada, formada y especializada para trabajar en discapacidad, desarrollando tareas de manera permanente en el sector de pensiones no contributivas. En su momento, interviniendo en el proceso de otorgamiento de pensiones por invalidez, madres de siete hijos, vejez, siempre a sectores más vulnerables porque la pensión siempre está destinada a situaciones específicas y pobreza”, cuenta Cristina.
Siempre trabajando con profesionales del área en interacción con otras instituciones, en base a una red de vínculos muy amplía en Córdoba. “Los últimos años bajamos mucho al territorio con operativos interministeriales muy importantes, en mi caso en los departamentos Santa María y Calamuchita, realizando salidas semanales, mientras se llevaba a cabo la atención personalizada en Córdoba Capital el resto de la semana”, cuanta Roggero.
Otro caso es el de Marina Córdoba, con 18 años de antigüedad, dos hijos y título de trabajadora social también. “El 27 de marzo, por medio de un notificación difundieron un listado de 163 personas despedidas, donde estaba yo. Sin motivo, sin causa, de manera arbitraria quedé fuera de ANDIS”, cuenta Marina, que recayó en Córdoba desde su Frías natal, en Santiago del Estero, cuando vino a estudiar a la universidad y se quedó a hacer su vida en la capital provincial.
“Como Cristina, me especialicé en discapacidad. Quizás también atraviesa por mi historia personal, ya que un hermano con parálisis cerebral que derivó en una hemiplejia”, confiesa.
Y aclara, muy sensibilizada por la situación que le toca vivir junto a su compañera en al actualidad, que siempre trabajó “brinda servicio de atención y asesoramiento para el inicio de trámites de pensiones, para derivar institucionalmente o por medio de los conocimientos que fuimos adquiriendo sobre qué hacer para garantizar el derecho que tienen las personas con discapacidades. Siempre tratando de dar una respuesta a la demanda que llega a la oficina”.
Marina se capacitó por su propio interés, sin que el organismo la instruyera, en lenguaje de señas, como acompañante terapéutico y con una especialización en salud mental. “Me formé para dar respuestas a las personas que reclaman respuestas en este espacio del Estado. Aunque es bueno que se sepa que la herramienta básica que tenemos es saber empatizar, entender la complejidad que vive gente que no solo sufre una discapacidad sino que además es pobre y tiene que solicitar que el Estado la ayuda y acompañe”, relata.
Ambas son una viva expresión del esfuerzo que hacen las trabajadoras del Estado en su compromiso con la comunidad.
“No es un trabajo para cualquiera -cuenta Cristina- tenés que estar fuerte y entender que no es una única situación, acá se reúne la invalidez con la pobreza, violencia de género para las mujeres, hambre en el caso de las y los niños, es abandono para los viejos. Todas estas situaciones que se cruzan te obligan a estar en un estado emocional muy fuerte cuando se hacen las entrevistas y una calidad humana para poder atender con ternura, con paciencia y con eficiencia para alcanzar la solución que el ciudadano está buscando”.
“Hay que ser consciente que ese señor que junto peso a peso para tomar el colectivo se tiene que ir de ANDIS con una respuesta, con algo resuelto”, agrega Marina.
Ambas se encuentran desocupadas, pero ocupadas en recuperar su puesto de trabajo. Saben que la salida es colectiva y, si bien el golpe que duro de asimilar, sienten el apoyo del grupo de compañeras de la oficina donde trabajaron tantos años y son conscientes que el sindicato es la vía para recuperar sus puestos de trabajo, frente a un gobierno que no entiende de diálogo ni empatía.
Otros casos
Sus casos son los de muchos otros que las redes sociales de ATE vienen difundiendo para darle rostro humano al ajuste, para iluminar sus caras de gente buena, que enfrenta con dignidad la desgracia de sufrir un gobierno neofascista que tiene por religión el ajuste permanente.
Así se conocieron las vivencias de Macarena Presti, de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, que tuvo a cargo la sede Juan Filloy en Córdoba, dentro del área cultural de la Biblioteca Córdoba, y en septiembre tomó la biblioteca del Correo Argentino, ocupándose de los procesos técnicos y la atención al público. El 27 de marzo fue despedida notificada por medio de un mail. “Soy mamá de tres hijas y mi sueldo es la fuente de ingreso mayor en mi hogar. Después de 13 años termino siendo despedida. Espero que esta situación se revierta”, dice Presti.
Otro caso es el Verónica Soto, de Agricultura Familiar: “soy madre y jefa de hogar y forma parte del grupo de 24 compañeros y compañeras con muchos años de antigüedad, algunas como yo casi 20, que fuimos despedidas sin causa y de manera arbitraria y agresiva. Nuestro trabajo es en los territorios, en mi caso estoy en Punilla centro y norte, acompañando a campesinos y pueblos originarios en la producción de alimentos sanos, que son los que llegan a la mesa de las y los argentinos”.
En la misma línea, Mariano Silberman de ENACOM, o Leticia Aparicio, medica veterinaria del Programa Social Agropecuario y luego de Agricultura Familiar.
Todos casos de trabajadores y trabajadoras comprometidos con sus labores, despedidos sin acusa ni preaviso, y convencidos que el Estado debe tener un rol central en el desarrollo de la patria.
Su caras, sus testimonios dan cuenta del rostro humano detrás de cada ironía del vocero presidencial, de cada exabrupto de Javier Milei.
