“Con fuerza tenemos que salir a defender la lay Micaela” explicó María Spaventa, delegada Secretaria de Géneros y Diversidades del Consejo Directivo Provincial.
En el marco de la ley ómnibus, una de las reformas que se propone es sobre la Ley Micaela N° 27.499, promulgada el 10 de enero de 2019, que ordena la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los tres poderes del Estado. “Tanto en lo simbólico como en lo que propone ha sido un triunfo y un reconocimiento a nuestra militancia” explicó nuestra secretaria de género y diversidades
El proyecto de ley que propone Milei establece que solamente se capaciten “las personas que se desempeñen en la función pública en los organismos competentes en la materia”, lo cual esto atenta contra el espíritu de la Ley Micaela.
Y agregó: “ya sabíamos que cualquier medida que vaya a tomar este gobierno afectará a las mujeres y las diversidades. Esta decisión sobre la Ley Micaela propone una modificación donde no todos los y las agentes del Estado deben capacitarse, sino que lo restringe a “las áreas pertinentes de la temática”, cosa que significa un retroceso gigante en la materia.
Por eso desde ATE llamamos a defender la ley Micaela, que aporta a la adquisición de herramientas que permitan identificar las desigualdades de género y elaborar estrategias para su erradicación.
La norma
La Ley 27.499 fija un ordenamiento a través herramientas, con el fin de (de)construir sentidos comunes, que cuestionen la desigualdad y la discriminación y transformen las prácticas concretas de cada intervención que se realice desde los organismos estatales y, en definitiva, cada una de las políticas públicas. Se trata de una oportunidad para jerarquizar la formación y ponerla al servicio del diseño de políticas públicas con perspectiva de género en clave transversal, es decir, en todo el Estado.
En su fundamento, la norma tiene por objetivo “brindar un acercamiento a la normativa internacional, regional y nacional que reconoce a las violencias por motivos de género como una problemática central. El abordaje siempre será desde un enfoque de derechos humanos de las mujeres y LGTBI, teniendo en cuenta la responsabilidad el Estado en la falta de protección y garantía en el ejercicio de los derechos. De esta manera, se busca visibilizar y analizar las desigualdades entre los géneros y las relaciones de poder existentes, para alcanzar una intervención y modificación desde las políticas públicas de cada organismo”.
