La semana pasada una agrupación opositora, conformada para presentarse en las próximas elecciones de renovación de conducción de ATE Córdoba, convocó a un supuesto Congreso Provincial en la ciudad de Villa María.
Estos afiliados pretendieron desconocer el XXV Congreso Ordinario y Extraordinario de ATE Córdoba que el 28 de abril pasado aprobó por unanimidad la memoria y balance del Consejo Directivo Provincial (CDP), ratificando el rumbo de la gestión administrativa de nuestro gremio y debatiendo y resolvieron las líneas de acción en todos los aspectos que hacen a la vida interna de ATE en la provincia.
Desde la mirada institucional, no se puede ignorar que la asamblea de Villa María no cumplió ni con la legalidad estatutaria, ni con los plazos que fija la conducción nacional, ni con la legitimidad de la mayoría de las y los afiliados de ATE en la provincia, que de modo claramente mayoritario participó de las instancias correspondientes en las asambleas de las seccionales, el Congreso Provincial y el Congreso Nacional de ATE, dando aprobación a la propuesta de la conducción, así como el trabajo de control realizado por la Comisión Revisora de Cuentas.
Tampoco contaron con el apoyo de la mayoría de las y los afiliados para dar sustento a una iniciativa donde solo participaron medio centenar de afiliados. Desde el CDP se avala y garantiza que cualquier compañera y compañero se exprese y organice en el marco de la convivencia democrática que ha caracterizado a ATE desde la recuperación del gremio por parte de Anusate en 1984.
Pero la mismo tiempo es una obligación mantener informadas e informados a todos sobre la legalidad de las acciones internas, sean administrativas o políticas, que toma la conducción provincial. Así, ATE tiene una institucionalidad que debe respetarse. Acciones que tienden a dañarla solo perjudican al propio sindicato como herramienta de defensa de los derechos de los trabajadores estatales, y en consecuencia benefician a los patrones.
En definitiva se trata de patrullas perdidas, gente que quedó sola, sin trabajo gremial ni participación a pesar de ostentar cargos, siendo deplorados en sus propios sectores de trabajo, con prácticas terroríficas, pretenden alternativizar las conducción del CDP y a la Comisión Directiva del CDP, con la finalidad que se les reconozca en una elección que nadie le va a negar que participen. Pero en realidad esta forma de actuar da cuenta que están en minoría: si llamasen a reunión de CD eso quedaría a la vista de todos.
Mientras el XXV Congreso Provincial está visado por un acta de escribano y un acta del veedor del Ministerio de Trabajo, la asamblea alternativa no tuvo ni orden del día para saber realmente qué se propuso aprobar.
Legitimar estás acciones, como la sucedida en Villa María, puede poner en riesgo la máxima instancia nacional deliberativa.
