Frente a la falta de aplicación de las leyes de Salud Mental en la Provincia, y el consiguiente déficit de atención que el sistema sanitario público realiza con los usuarios de salud mental, el colectivo de organizaciones que viene reuniéndose en ATE desde el año pasado, definió el próximo 11 de noviembre como la fecha para realizar la próxima Marcha por el Derecho a la Salud Mental en Córdoba.
En ese marco se están resolviendo las actividades a realizar para calentar la convocatoria y las actividades artísticas que acompañan el acto, de características cada año más masivas que el anterior, con una respuesta muy importante de toda la comunidad sanitaria, los usuarios y las familias, frente a la indiferencia y el destrato permanente del gobierno provincial, supuesto garante de la aplicación de derechos de los usuarios según la legislación vigente.
Con motivo de recordar el pasado 10 de octubre el Día de la Salud Mental, el colectivo organizador de la marcha difundió un comunicado donde expresó que “estamos en tiempos de lucha en el campo, en tiempos de transformación y resistencia. Y se lucha en las prácticas en los centros, en las políticas públicas que determinan si finalmente se destinan más fondos a encerrar a las personas o a acompañarlas en comunidad. Se lucha en los discursos sociales y en la programación de los noticieros, que pueden ligar la locura con la peligrosidad, o visualizar las violencias institucionales y sociales a las que son sometidas lxs locxs. Se lucha en resignificar también el Día de la Salud Mental.Y la lucha se da en los proyectos de incidencia política, en la participación en los debates, en la movilización y las demandas; pero también en los pequeños micro espacios donde nos movemos en el día a día. En la elaboración de los posicionamientos político subjetivos de profesionales que pueden ayudar o no a que las personas con padecimientos mentales se imaginen, diseñen y concreten sus pequeños o grandes proyectos de vida. Se lucha en la producción de discursos que construyen imaginarios y representaciones sociales que reproducen prejuicios o motorizan transformaciones hacia la dignidad”.
En esa línea sostienen que “hoy no se puede permanecer neutral frente a la vulneración de derechos y el abandono por parte de los gobiernos. La Ley Nacional de Salud Mental (2010), la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006), y el Código civil y comercial (reformado en el 2015) vinieron a poner en claro las cosas. Son herramientas que nos muestran el encuadre desde donde posicionarnos políticamente, para que nuestras prácticas no sustituyan a las personas, no borren sus historias, sino ayuden a valorizarlas y a construir futuros desde esos recorridos biográficos dignificados”.
Por eso concluyen convocando: “el próximo 11 de Noviembre nos encontramos en la calle bajo la consigna ¡CUMPLIR LA LEY ES PRIORIDAD, HAY QUE INVERTIR EN LA COMUNIDAD!”
