Tres días de protestas en todo el país, que motorizaron prestadores de personas con discapacidad (transporte, educación, salud, rehabilitación), desde el Departamento de Discapacidad del Consejo Directivo Provincial de ATE Córdoba se emitió un comunicado realizando el diagnóstico sobre el estado de las políticas públicas públicas que lleva adelante el gobierno nacional. prestadores de personas con discapacidad (transporte, educación, salud, rehabilitación).Tres días de protestas en todo el país, que motorizaron organizaciones vinculadas a las personas con discapacidades, desde el Departamento de Discapacidad del Consejo Directivo Provincial de ATE Córdoba se emitió un comunicado realizando el diagnóstico sobre el estado de las políticas públicas públicas que lleva adelante el gobierno nacional.
En tal sentido, el Departamento consideró que “si nos quedamos con la foto seguramente nos vamos a perder lo sustancial. Aquí nos detenemos para mostrar que tras la Decisión Administrativa 826/2022 que aplica fuertes recortes en áreas sensibles de salud, educación , acción social y hábitat, se encendieron todas las luces de alarma. Los prestadores vienen sufriendo atrasos en los pagos que van de 2 a 6 meses que ponen en serio riesgo la continuidad de dichas prestaciones hacía las personas con discapacidad.Ahora bien, esto desde la mirada de quienes ofrecen las prestaciones, pero ciertamente la situación del colectivo de discapacidad viene de larga data. La pandemia mostró tal vez la cara más cruel del olvido y del ajuste en nuestro colectivo, literalmente dejamos de existir, de no ser por la acción de las organizaciones sociales, ongs y sindicatos que poseen sus departamentos específicos de discapacidad, todo podría haber sido peor, por nombrar solo algunos ítems: vacunas, rehabilitaciones, tratamientos médicos, escolaridad, conectividad, medicamentos o movilidad”.
Para nuestra organización “el olvido viene de vieja data, la pandemia fue la excusa que utilizaron los gobiernos, que desnudó la precariedad y el olvido, y fue la cara feroz del ajuste sobre los sectores más indefensos. El incumplimiento en las políticas, ejemplo de ello programas como Incluir Salud y el déficit histórico de las prestaciones del mismo con aquellos que cobran pensiones no contributivas, las remuneraciones vergonzosas de dichos beneficios a lo largo del tiempo, la falta de políticas inclusivas en materia laboral (0,6% de PCD en el Estado) incumplimiento del cupo laboral del 4%, salarios debajo de la línea de pobreza para los docentes que trabajan en apoyos para la inclusión, falta de cumplimiento del cupo para acceso a viviendas, y podríamos seguir con una larga lista”.
Por esos sostiene la declaración que “en síntesis, lo que tratamos de decir lisa y llanamente es que cualquier tipo de acción política planificada y ejecutada desde el Estado, necesariamente debe contemplar el presupuesto para aplicarla. De otra manera lo que se ve es la creación de áreas específicas ( género y diversidades, Andis, Territorio y pueblos originarios, etc) vaciadas de presupuesto para la ejecución de políticas públicas, osea, mucho humo pero pocas nueces. En un país de urgencias de todo tipo, con niveles de pobreza y desocupación alarmantes, la vía elegida del ajuste perpetuo sobre los más humildes y los sectores medios ha demostrado a lo largo de nuestra historia reciente, helicóptero mediante, no ser el camino de prosperidad y futuros para las inmensas mayorías, cansadas de falsos debates inconducentes y estériles”.
Y concluye afirmando que “tal vez sera hora de pensar en la histórica deuda interna-concluye el documento-, en los nadies de Galeano, esos que para los gobiernos vale menos que la bala, o la desidia, que los mata”.
Preocupación en la Legislatura
En tanto, ayer la legisladora Noelia Agüero, del bloque Izquierda Unida en el Frente de Izquierda Unidad (FIT-U), expresó su preocupación “por la situación de las personas con discapacidad que se encuentran afectadas por la falta de servicios de atención de salud y traslado, debido al incumplimiento de los pagos a obras sociales, empresas de medicina pre paga y profesionales de la salud vinculados a la rehabilitación y al acompañamiento terapéutico”.
En una declaración legislativa, Agüero instó también “al Ejecutivo Provincial a realizar la cobertura de los servicios de salud hasta la regularización de la emergencia en discapacidad”.
Y fundamentó su pedido en que “desde distintos puntos de la provincia, hemos recibido en los últimos días el reclamo de familiares de personas con discapacidad y de distintos colectivos de trabajadores e instituciones involucradas en la atención de la discapacidad. La preocupación de las familias reside, principalmente, en el impedimento para la continuidad de la rehabilitación y/o acompañamiento terapéutico de personas con discapacidad a raíz del recorte presupuestario llevado adelante por el Gobierno Nacional en dicha área como parte del ajuste. Esta situación se ve agravada por la acuciante situación económica que padece en este momento el conjunto del pueblo trabajador”.
Por eso la legisladora agrega que “ante semejante vulneración de derechos, nos hacemos eco de distintos pronunciamientos, entre ellos del Forum Infancias Córdoba, quienes apoyan y acompañan el reclamo por el cumplimiento de derechos en el acceso y sostenimiento a la salud, educación y trabajo; posicionándose en contra del recorte presupuestario y toda alteración del sistema básico de prestaciones para personas con discapacidad que regula la Ley 24.901. Así mismo, estos reclamos fueron expresados a través de movilizaciones en las ciudades de Villa María, Deán Funes, Jesús María, Río Cuarto, Río Tercero, San Francisco, entre las más importantes”.