A partir de la lucha ambiental que se viene desarrollando en los valle de Punilla y Paravachasca, en rechazo a la construcción de las autopistas en ambas regiones, sumado a un cúmulo de conflictos ambientales donde organizaciones resisten proyectos compañeros y compañeras integrantes de la organizaciones territoriales y ambientales de la zona se movilizaron el jueves 28 de julio a Tribunales para reclamar que la justicia actúe, frente a los planteos juridícos que no obtienen respuesta de parte de funcionarios judiciales.
Así, la Mesa de Asambleas Socioambientales y Comunidades Indígenas se hizo presente en Tribunales I para reclamar que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) instrumente el avance de las causas a partir de las denuncias presentadas. “Hay alrededor de 150 denuncias que están en distintas instancias pero no se terminan de cerrar: desde denuncias por violaciones de DDHH, el desalojo de Molinari, otros desalojos con agresión policiales, la causa Porta. En Punilla todos los días metemos denuncias y no se mueve nada. Pero además hay causas que tiene 10 años presentadas y no se resuelven. Eso es denegación de justicia”, explicó el referente de la CTA Autónoma en el Valle de Punilla Juan Yacobs.
En principio, en Tribunales no dejaron ingresar a los compañeros y desde el TSJ ordenaron cerrar los portones. No obstante, pasado el tiempo y ante la evidencia que la manifestación no cedía en su reclamo, se permitió el ingreso de un grupo que fue recibió por la secretaria del TSJ María Pueyrredón, que se comprometió a recibir el reclamo y citó para este jueves que viene a una audiencia.
Los compañeros se quedaron en el lugar hasta las 11.30 de la noche y lograron que una jueza de control, Celeste Ferreyra, se hiciera presente en el lugar para acordar una audiencia para el día siguiente, esta vez para abordar casos concretos de imputaciones a activistas ambientales, compañeros y compañeras que vienen poniendo el cuerpo para resistir el avance de las topadoras y que son acosados con agresiones policiales, pero además sufriendo apertura de causas.
Así las cosas, el viernes se llevó cabo la audiencia en Tribunales II, donde la jueza Ferreyra recibió a la abogada Eugenia Scarpiello. “Vamos a plantear que debe aplicarse el Acuerdo de Escazú para proteger a los defensores ambientales. No puede ser que estemos siendo acosados por el Estado mientras el poder avanza sobre los territorios, sin tener en cuenta la resistencia de las comunidades”, concluyó Yacobs.
