Las trabajadoras de las Agencias Territoriales de Córdoba y Rio Cuarto del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (MTEySS), realizaron una asamblea donde expresaron su preocupación por “la grave situación que estamos atravesando en materia de vulneración de derechos como mujeres trabajadoras producto que no se está garantizando un espacio libre de acoso y violencia laboral”, afirmaron en un comunicado.
El motivo del reclamo se funda que en desde 1° de agosto del 2021 “ha ingresado como planta permanente una persona que tiene antecedentes de acoso y violencia hacia más de 20 mujeres trabajadoras dentro del organismo. Esta persona había sido desvinculada en 2015 con baja de contrato sin causa del MTEySS, y se encontraba bajo el régimen de Art.9 (SINEP)”.
“De esta manera, prosigue el comunicado, el Ministerio ha permitido el ingreso, ignorando el expediente administrativo sumarial que se había abierto por agredir a una compañera y en dónde se manifiestan los hechos de acoso y violencia hacia un gran número de trabajadoras y algunos trabajadores (Expediente 1-979-1746-2015). Así llegamos a la situación donde el conjunto de trabajadoras hostigadas comparte el mismo espacio de trabajo con su agresor”.
“Esta alarmante situación es producto de un sin número de errores dentro del organismo y la existencia de un vacío legal en el Convenio Colectivo de Trabajo del sector (SINEP) que no permite vincular los antecedentes administrativos y penales de la persona que ingresa a la Administración Pública Nacional, salvo que exista sentencia firme en la justicia. Por ende, se está vulnerando el derecho de quiénes somos trabajadoras, de tener un ámbito laboral libre de acoso y violencia, garantía que debería ser una prioridad en el país y de manera particular para el Ministerio, dado que la Argentina ha ratificado mediante Ley 27.580 el convenio 190 de OIT sobre Eliminación de la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo”.
La normativa establece la obligación de los Estados, Sindicatos y Empleadores a reconocer y tomar acciones para prevenir, atender y reparar el acoso y violencia en el ámbito laboral, incluyendo la violencia de género.
“El conjunto de trabajadoras organizadas mandató en diversas asambleas (en los meses de abril y mayo) al cuerpo de delegados/as de ATE del sector que gestionaran con el aval del CDP ATE Córdoba, a través de su Departamento de Géneros y Diversidades, todas las presentaciones administrativas para impugnar la designación realizada por el Ministerio (Expediente EX-2021-42279092-APN-ATCO#MT). La respuesta brindada por la máxima autoridad del Área de recursos humanos es no dar lugar al pedido, defendiendo la designación de quién cometió actos de acoso y violencia, dejando desprotegidas al conjunto de trabajadoras de la dependencia, con el peligro que implica la convivencia en el mismo espacio laboral de quienes fueron acosadas y violentadas y quien cometió dichos actos”, denuncian las y los compañeros del área.
“La acción tomada como medida de contención por las autoridades a nivel local de la AT Córdoba, fue colocar a la persona con los antecedentes mencionados, en un subsuelo dónde se encuentra una sala de capacitación y reuniones, espacio donde las trabajadoras se ven expuestas a cruzarlo por la misma dinámica del organismo”, aseguraron.
“Frente a esa situación, las trabajadoras del MTEySS en sus dos sedes (Córdoba Capital y Río Cuarto) nos convocamos en una nueva asamblea el pasado 26 de agosto y se ha vuelto a solicitar a les delegades de ATE que motoricen a través del Departamento de Géneros y Diversidades del CDP ATE Córdoba un pedido de audiencia para que podamos ser escuchadas por el ministro de Trabajo Claudio Moroni y la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta. Se debe avanzar en un abordaje que garantice la modificación de la situación de vulneración de derechos de las trabajadoras. La audiencia que solicitamos deberá contar con la presencia de la voz de las compañeras afectadas además de la representación gremial definida por las trabajadoras”, dijeron.
Y finalizaron apuntando que “resulta paradójico que, teniendo un gran abanico de instrumentos legales en favor de las mujeres en Argentina, no se pueda avanzar en garantizar medidas de protección de la vida e integridad de las trabajadoras. ¡Basta del atropello a nuestros derechos, porque nuestras vidas están en juego!”.
