El viernes pasado se realizó la Séptima Marcha contra el Gatillo Fácil, haciendo foco en el papel de la policía provincial en casos de violencia institucional.
En el programa radial ‘Entre Todos y Todas’, entrevistaron a la trabajadora de la Secretaria de DDHH de la Nación Marlene Baronetto para reflexionar al respecto.
En primer término, la compañera refirió al panorama actual, apuntando que “la violencia policial se ejerce principalmente contra las y los jóvenes de los sectores más vulnerables, que son los estigmatizados”.
Y describió las políticas oficiales como “reparatorias” a través de “asesoramientos y con un centro de denuncias. Durante la pandemia las denuncias crecieron de manera abrumadora, dirigida sobre todo contra la juventud y eso hay que remarcarlo”.
Para Baronetto “el concepto de violencia institucional tiene que ver con el gatillo fácil, como expresión más desgarradora, habiendo también muchas formas como se ejercen las violencias. Sin embargo, el caso de la Policía necesita una evidente transformación con un criterio de DDHH y visión de seguridad social, el fin que tiene que cumplir para garantizar la paz social y no ser una fuerza en contra de la ciudadanía”.
Es un diagnóstico que se repite más allá de nuestro país y nuestra época…
Si. A mi criterio hasta que no haya un Estado que asuma las políticas de DDHH como propias, cumpliendo con los tratados internacionales suscriptos por el país para alcanzar los estándares de los organismos internacionales en la materia, no se va a garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos para controlar la violencia policial. Para democratizar estas instituciones deben haber gobiernos dispuestos a cambiar el paradigma y sostenerlos en el tiempo. Con una o dos gestiones no se cambia las instituciones. También hay un aval social para ejercer la violencia sobre sectores estigmatizados y eso es un obstáculo que lleva tiempo superar.
¿Cómo impactará el proyecto de ley nacional que está por discutir el Congreso?
Ahora que la Secretaria de DDHH de la Nación elevó un proyecto de ley al Congreso específicamente sobre el tema, el gobierno se obliga a coordinar entre los diferentes niveles del Estado para adecuar las instituciones a los parámetros normativos. Las y los trabajadores del organismo vamos a tener un rol para ejercer en ese sentido.
