En su papel de querellante, la Asociación Gremial de Docentes (AGD-CTA) de la Universidad Nacional de Río Cuarto celebró en ATE el resultado del fallo con cinco directivos de la casa de estudios condenados, uno con prisión efectiva, y la absolución de una docente acusada. En una entrevista que concedieron apenas conocido el veredicto, Cecilia Saraff, secretaria General de AGD, y Eugenio Biafore, abogado querellante, explicaron la trama del juicio que tiene alterado a Río Cuarto.
“La primera reflexión es que el fallo fue acorde con nuestro pedido desde el primer momento. Se los encontró responsables a los que nosotros señalamos como responsables y a la docente Liliana Ruetsch resultó absuelta”, dijo Cecilia Saroff, secretaria General del gremio docente de la Universidad nacional de Río Cuarto y docente de la Facultad de Veterinaria.
Se trata del juicio que encontró culpable a Carlos Agustín Bortis, a tres años y medio de prisión efectiva por las explosiones de la planta piloto de esa casa de altos estudios en diciembre de 2007. Recibieron penas de prisión en suspenso otros cuatro acusados y fue absuelta Liliana Ruetsch, la única sobreviviente de la tragedia en la que murieron seis personas.
¿Qué significado tiene está condena para los trabajadores universitarios?
Cecilia Saroff: Es muy importante que se pida la investigación de las empresas y de quien era en ese momento rector de la universidad, Oscar Spada. Creo que este fallo es un ejemplo para las universidades nacionales y debe tomarse de esa forma porque las condiciones de trabajo de los docentes, atravesadas por el neoliberalismo, eran las que llevaron a que ocurriera este hecho.
Y el papel de la fundación que se creó en ese marco.
C.S.: Estas fundaciones surgen en los ’90. En este caso quedó en evidencia que en realidad les importaba mucho más los convenios con las empresas que la situación de los propios integrantes de la comunidad universitaria. Nosotros, en general, somos un grupo docente que se opuso a la ley de educación superior, que entre otras cosas nos llevó a este tipo de venta de servicios, donde se encuentra el origen de estos mecanismos. Esa ley sigue aún vigente y tenemos que cambiar.
¿Qué dice el fallo del tribunal?
Eugenio Biafore: Se condenó a todos los que pidió la querella. En ese sentido, la máximas responsabilidades están en la cúpula de las autoridades y las menores en el lugar cercano a la explosión. En esa línea, que el tribunal indique que debe investigarse a Spada también va en esa línea. Porque lo que está en juego es el cumplimiento de la normativa laboral, que debe aplicarse cuando el peligro es evidente y cuando no lo es. En este caso sí lo era. Creemos que está probada la omisión de la legislación laboral, que definitivamente debe ser materia de negociación entre las patronales y sus trabajadores. No puede ser que las tragedias golpeen nuestra puerta para reflexionar cuál era la norma que regula las condiciones de los trabajadores.
La obligación está en torno a promover, también los sindicatos, la negociación colectiva en relación al medio ambiente de trabajo, desde lo mínimo a lo más grande en función de donde y qué actividades se desarrollan, sobre todo cuando exigen medidas de seguridad especiales y específicas.
El tribunal también ordenó la ampliación de la investigación sobre actores de la tragedia que habían sido descartados en primera instancia.
E.B.: Ahora es interesante que se avance en esta línea investigativa para ver que responsabilidades penales y administrativas les caben a De Smet y a AGD, que son expresiones concentradas del mercado de oleaginosas y de alimentos. A los gritos queda evidente que eran los grandes beneficiarios de este proyecto.
