La Asociación Trabajadores del Estado realizaráa una conferencia de prensa para mañana miércoles 13 a las 11 hs. en la sede del Consejo Directivo Nacional de ATE, encabezada por el Secretario General del gremio, Julio Fuentes, para expresar ante la opinión pública la preocupación de ATE en relación a la veintena de dirigentes del sindicato sometidos a procesos judiciales por defender los derechos de los estatales.
Además, se precisarán detalles sobre los juicios que se les iniciarán el 18 de marzo a Julio Fuentes y a otros cuatro neuquinos, más el previsto para el 8 de abril a cuatro compañeros de la junta interna del Hospital Garrahan. Asimismo, se anunciarán medidas de fuerza al respecto.
La irregularidad de estos procesos demuestra que la judicialización de la protesta gremial es la herramienta extorsiva del poder político en un contexto de agudización de la puja distributiva entre los trabajadores y el Estado.
Adoptando una práctica que impartió y de la que abusó el menemismo, el poder político recurre a figuras como la de la coacción agravada instaurada durante la dictadura de Onganía, para acusar deliberadamente a compañeros en el ámbito de la Justicia. El código penal, como sostiene el abogado de ATE y CTA Juan Carlos Capurro, es para quien conscientemente comete un crimen. El pueblo, la familia, los trabajadores no cometen un delito a la hora de salir a la calle a reclamar lo que es justo. En este sentido, la aplicación de la figura de la coacción agravada es ilegal.
ATE es el gremio más espiado por los servicios
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE-CTA) tiene el discutible mérito de ser el gremio más espiado en el marco del Proyecto X. Nuestro secretario general Julio Fuentes, quién como otros 380 compañeros está procesado en el marco de la persecución gremial que sufren sindicatos y organizaciones sociales, advirtió que ATE se presentará como querellante, en el marco de las investigaciones del espionaje ejercido a través de la Gendarmería.
“Estamos en democracia. No está bien espiar a los dirigentes sociales ni criminalizar la protesta. Ellos son los que deben salir de la ilegalidad. La Asociación Trabajadores del Estado es el gremio que tiene más menciones en el listado que hizo la Gendarmería sobre las “Principales organizaciones que originaron las expresiones sociales monitoreadas por la fuerza”.
Sentirse espiados, observados en toda la estructura de su organización, ha despertado una “profunda preocupación” entre los afiliados al gremio estatal, que suman 220 mil en todo el país”, señaló fuentes en declaraciones a la prensa de Buenos Aires.
Y agregó: “nuestras actividades son públicas: hacemos asambleas en los pasillos de un hospital, en recintos abiertos, discutimos públicamente nuestras decisiones, nada de lo nuestro es secreto”.
“Se habrán metido fácilmente a mirar, pero una cosa es eso y otra es este accionar, con señalamientos ideológicos, que se utilizan además para denunciarnos ante la Justicia”, adviertió Fuentes, quien afronta un juicio por “coacción agravada” por incidentes que se produjeron en una movilización en Neuquén, a comienzos de 2002.
“Tenemos 380 compañeros procesados. No es posible que quieran resolver una huelga con el Código Penal”, reclamó el dirigente, que preside actualmente la Confederación Latinoamericana de Trabajadores Estatales.
ATE pedirá esta semana ser parte querellante en la causa que investiga el espionaje de Gendarmería. Según la investigación judicial, los partes de inteligencia mencionan a trabajadores de distintas ramas del gremio estatal: los trabajadores del Teatro Colón, los empleados del INDEC, los del SENASA, los de la Administración Pública Nacional, los que se desempeñan en el Ministerio de Trabajo, los que trabajan en el PAMI, en la Administración de Parques Nacionales y los que militan también en la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), que transitó la década kirchnerista sin haber conseguido el reconocimiento legal que tantas veces le prometieron.
En las movilizaciones del 25 de febrero pasado, ATE reclamó aumentos de salarios, equiparación de las asignaciones familiares y el 82% móvil para los jubilados.
