Fue la Justicia la que le tuvo que llamar la atención al rectorado de la UPC tras 102 días de conflicto. Parece mentira que una entidad educativa, de nivel superior haga oídos sordos a un derecho fundamental como lo es la libertad y democracia sindical y la participación interestamentaria en la vida de una Universidad Pública.
En audiencia ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Córdoba, el pasado martes 2 de febrero a las 13 horas, ATE planteó que para llevar adelante el diálogo, antes solicitado y desconocido por el Rectorado, era necesario que se quite el condicionante del despido del delegado gremial Juan Valfré y de las bajas de horas realizadas de forma arbitraria e ilegal en perjuicio de la delegada gremial Viviana Fernández, pues ambos hechos constituyen una agresión antijurídica a la organización que se viene desarrollando. Ante este pedido la UPC no accedió, ante lo cual queremos destacar:
- La voluntad de ATE para sentarse con la patronal
- La no presentación de ningún funcionario político del Rectorado para discutir, siendo que por ATE fue su máxima conducción representada en la figura del Secretario General
- Claramente como gesto, y a partir del compromiso asumido con la fiscalía, hemos decidido que hoy la carpa se suspende como voluntad para continuar un proceso de diálogo que creemos que más allá de que la reunión fracasó, por parte de ATE sigue abierto.
La pelea continúa con una jornada artística y de asamblea extraordinaria interestamentaria para el próximo jueves 04/02 por la mañana en donde se definirán los pasos a seguir y la estrategia para la lucha.
Desde ATE vemos esta instancia de audiencia como un reconocimiento a la entidad gremial como un nuevo actor sindical.
