El pasado martes 17 de noviembre, el ejecutivo nacional envió un proyecto de ley para regular la interrupción voluntaria del embarazo al congreso de la Nación. A casi 100 años de vigencia de las normas penales actuales en la materia y del silencio legislativo en materia sanitaria se remitió, el proyecto para abordar los derechos que enfrentan las personas que deciden abortar.
A través de un comunicado del Departamento de Géneros y Diversidades, el Consejo Directivo Provincial de ATE Córdoba se pronunció en favor de la aprobación del proyecto de ley que se debate en el Congreso Nacional.
En el comunicado se destaca que “por primera vez en la historia argentina, la iniciativa de Interrupción Voluntaria del Embarazo es impulsada por un Presidente de la Nación. El problema de salud pública que produce la clandestinidad y la falta de acceso a servicios sanitarios para la atención del aborto, es evidente. La responsabilidad del Estado de legislar y proteger con políticas públicas, la salud y la vida de las mujeres y de personas con otras identidades de género con capacidad de gestar, se plasman y son objeto de protección del presente proyecto; a la vez que se pretende incorporar a esas personas al sistema público de salud y garantizarles el acceso a información útil para la prevención de embarazos no intencionales”.
“Desde el Departamento de Géneros y Diversidades de ATE Córdoba, prosigue el parte de prensa, se considera que la decisión del poder ejecutivo nacional supone un reconocimiento a la lucha histórica de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Asimismo, implica saldar una deuda con el colectivo de mujeres y cuerpos gestantes que viene luchando por esta causa, que de la mano de su activismo y militancia velan por el derecho integral a la salud”.
“Sabemos, sin lugar a dudas, que el aborto es un problema de salud pública en Argentina, sus prácticas se realizan en la clandestinidad y muchas veces la llevan a cabo personas que carecen de la preparación médica adecuada. Las condiciones en las que producen son desigualdades ya sea geográficas, económicas y sociales; y esto conlleva la provocación de daños irreparables en la salud y la vida de las mujeres y otras personas gestantes”.
“Desde ATE Córdoba y como Departamento de Géneros y Diversidades, visibilizamos las necesidades y preocupaciones de las mujeres y todes les miembros de la comunidad LGTTTBI+ como parte de la agenda sindical. Los derechos humanos, como el derecho integral a la salud son parte de nuestra agenda; por lo que apoyamos fervientemente el proyecto presentado por el Gobierno Nacional”.
“Sostenemos e insistimos la necesidad de una ‘Educación sexual para decidir. De Anticonceptivos para no abortar. De Aborto legal, seguro y gratuito para las personas gestantes’. QUE SEA LEY!”
