El Consejo Directivo Provincial repudia el intempestivo decreto presidencial publicado ayer, que cambia la figura jurídica de la Dirección General de Fabricaciones Militares y la transforma en Sociedad del Estado, abriendo el organismo a capitales privados.
De esta forma, el gobierno de Macri golpea una vez más al organismo señero de la industria nacional, después de someterlo a un trienio de despiadados ajustes que solo en 2018, en Córdoba, significaron el despido de 178 trabajadores. Desde 2015 FFMM perdió el 60% del personal, incluyendo la fábrica de Azul, provincia de Buenos Aires.
El decreto 104/2019 argumenta que se agilizan así los mecanismos para la compra de insumos, cuando la gestión actual no invirtió nunca en insumos sino que funcionó con los remanentes de la administración anterior.
Llama la atención que se fundamente la apertura a capitales con la necesidad de inversión privada en momentos que ésta última brilla por su ausencia. Más bien pareciera una estrategia para reventar el organismo, cambiando las condiciones de trabajo –dado que el decreto ordena una convocatoria para discutir un convenio colectivo de trabajo- como sucediera con hace poco tiempo con la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), que se convirtió en la empresa EANA y los compañeros perdieron la estabilidad laboral, propia del trabajador estatal.
Esta estrategia oficial golpea también a las ciudades donde FFMM está inserta desde su fundación, en el caso de Córdoba en Villa María y Río Tercero, pero también en San Lorenzo, Santa Fe, y Jachal, San Juan, todas comunidades con riesgo sufrir un nuevo ajuste en su actividad económica.
En consecuencia, ATE mantiene y refuerza el plan de lucha que viene desarrollando en el sector, repudiando esta nueva agresión a los trabajadores y al patrimonio nacional.
