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(fuente: Diario Tiempo Argentino)<\/p>\n(fuente: Diario Tiempo Argentino)<\/p>\n
Bajo el actual gobierno nacional, ya no es novedad que cada protesta social es una oportunidad para que ponga en funcionamiento el aparato represivo del Estado, incluso m\u00e1s all\u00e1 del llamado \u201cprotocolo antipiquetes\u201d. Y ocurre que la protesta social adquiere formas m\u00e1s amplias que simples cortes a las v\u00edas de circulaci\u00f3n.<\/p>\n
Tambi\u00e9n un signo de estos tiempos consiste en la apertura de causas, recurriendo a figuras penales que las m\u00e1s de las veces no se llegan a probar, pero que alcanzan para llevar a cabo allanamientos, citaciones y, en algunos casos, hasta detenciones temporales, preferentemente sobre los referentes sociales, sindicales o pol\u00edticos. Tambi\u00e9n hay detenciones \u201cal voleo\u201d. El mensaje parece ser: si alguien se atreve a protestar, m\u00e1s all\u00e1 de si corta una v\u00eda de circulaci\u00f3n, puede sufrir acoso judicial, allanamientos y hasta ir preso.<\/p>\n
Tiempo convers\u00f3 con el secretario general de ATE y CTA Aut\u00f3noma C\u00f3rdoba, Federico Giuliani, con Juan del Pino, coordinador del Centro Patri\u00f3tico Reconquista y compa\u00f1ero de militancia de Fernanda Mi\u00f1o, y con el abogado Roberto Torres, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) que defendi\u00f3 a dos de las 33 personas detenidas durante las protestas del 12 de junio en el Congreso contra la Ley Bases.<\/p>\n
Persecuci\u00f3n en C\u00f3rdoba<\/strong><\/p>\n En C\u00f3rdoba, la protesta social ven\u00eda criminalizada antes de Milei. \u201cEn marzo del 2023 la C\u00e1mara de Comercio, que es un agente de poder real en la provincia, mete un amparo ante la justicia provincial para que las movilizaciones en el centro sean evitadas a trav\u00e9s de la judicializaci\u00f3n de sus luchadores o de los dirigentes que vayan a la cabeza. A los pocos d\u00edas de presentar este amparo, el juez Juan Manuel Fern\u00e1ndez L\u00f3pez, le da lugar y dicta un fallo en donde, de manera inconstitucional, declara que aquellas movilizaciones que corten el tr\u00e1nsito iban a ser sancionadas como un delito, claramente en contra de lo que dicen los art\u00edculos 14 y 14 bis de la Constituci\u00f3n, que la protesta es un derecho\u201d, afirm\u00f3 a Tiempo Federico Giuliani. \u201cEso fue el uno de abril de 2023. El 5 de abril del 2023, con ATE, la CTA y organizaciones piqueteras movilizamos contra el hambre en la Argentina y en C\u00f3rdoba, en marcha multitudinaria. La cantidad de personas que participaron, unas 10.000, ocuparon toda la calle y el tr\u00e1nsito se vio obstaculizado, pero no evitado, porque claramente cuando uno corta una arteria se puede ir por otra\u201d, record\u00f3.<\/p>\n \u201cLa cuesti\u00f3n es que en los poquitos d\u00edas nos lleg\u00f3 la imputaci\u00f3n por obstaculizaci\u00f3n del transporte p\u00fablico y desacato de autoridades. Me convocaron a la justicia provincial, me pintaron los dedos, me sacaron el celular y eso avanz\u00f3. Este a\u00f1o fueron esas dos causas, de una salimos absueltos, la de desacato de autoridad. Pero la otra ha sido elevada a juicio y estamos en ese proceso donde nuestra defensa claramente niega que cortar las calles obstaculiza el transporte y solicitamos nuestra absoluci\u00f3n total\u201d, argument\u00f3 Giuliani.<\/p>\n Estos hechos se desencadenaron antes de la llegada de Milei al poder. El 25 de mayo el actual presidente encabez\u00f3 el Pacto de Mayo en C\u00f3rdoba y ATE de esa provincia convoc\u00f3 a un \u201cContrapacto\u201d con \u201cJornada de Lucha\u201d, movilizaciones y cortes en la Ruta Provincial E 53 que conecta con el Aeropuerto Internacional de C\u00f3rdoba. \u201cNos reprimi\u00f3 Gendarmer\u00eda y Milei se tuvo que ir en helic\u00f3ptero al centro. Hizo su acto de manera muy herm\u00e9tica, muy cerrada, muy vallada. Nosotros obviamente despu\u00e9s nos dirigimos al centro. Quisimos arrimarnos al Cabildo Abierto porque se supone que en un cabildo abierto el pueblo quer\u00eda saber de qu\u00e9 se trata. Ah\u00ed nos reprimi\u00f3 la polic\u00eda de la provincia. Tuvimos 14 heridos de balas de goma\u201d, rememor\u00f3 Giuliani.<\/p>\n \u201cEl martes 28 de mayo me allanan mi casa. Primero me aborda personal policial de civil. Vienen con una orden de allanamiento, en donde me dejan hacer un llamado antes de quitarme el celular. Habl\u00e9 con mi abogado para avisarle de esta situaci\u00f3n. Logr\u00f3 decirme dos cosas: una que viniera con testigos, que finalmente fueron dos vecinos de mi cuadra, gente conocida y de confianza. Y lo otro que me dijo es que no me pusiera en contra de la posibilidad de que hurgaran mi casa porque me iban a romper todo\u201d, record\u00f3. \u201cVivo en R\u00edo Cuarto. Por mi tarea gremial de lunes a viernes me instalo en C\u00f3rdoba Capital. Mi familia s\u00ed vive en R\u00edo Cuarto. Cuando me abordan los polic\u00edas, estaba con mi hijo m\u00e1s chico. La orden de allanamiento dec\u00eda que ten\u00edan que buscar armas, documentaci\u00f3n y todos los aparatos celulares que hubiera en la casa. Bueno, revolvieron bastante, buscaron mucho, estuvieron aproximadamente tres horas en mi casa, se llevaron mi celular, otro, el segundo que perd\u00ed aqu\u00ed en un a\u00f1o. Era el de mi hijo m\u00e1s chico que tiene nueve a\u00f1os. Se llevaron papeler\u00edas de ATE, allanaron tambi\u00e9n el auto que estaba en la puerta. Y me dieron la orden de dirigirme a la justicia provincial\u201d, se explay\u00f3 Giuliani.<\/p>\n Y continu\u00f3: \u201cObviamente el otro d\u00eda viaje a la capital, me present\u00e9 en Tribunales, me volvieron a pintar los dedos y me imputaron intimidaci\u00f3n p\u00fablica e incitaci\u00f3n a la violencia en la venida de Javier Milei. Me fijan, por estas dos causas y por las anteriores tambi\u00e9n, una fianza de diez millones de pesos. Si uno ve el mapa, va a ver que muchos dirigentes sindicales, sociales y pol\u00edticos, que somos combativos en distintas provincias, estamos siendo judicializados, primero, por los poderes provinciales. No son casos aislados, tienen que ver con un proceso sistem\u00e1tico de criminalizaci\u00f3n de la protesta social en Argentina\u201d.<\/p>\n Sobre las causas, el abogado penalista Claudio Orosz, a cargo de la defensa de Giuliani junto con Eugenio Biafore, detall\u00f3: \u201cSoy su abogado en dos causas: una, en su momento por impedimento de tr\u00e1nsito. Se requiri\u00f3 la elevaci\u00f3n a juicio y fue apelada por esta defensa. Oralmente alegamos ante la C\u00e1mara de Acusaci\u00f3n (as\u00ed se llama en la ciudad de C\u00f3rdoba a la C\u00e1mara de Apelaciones), que hasta el d\u00eda de hoy no ha dado respuestas. A principios de octubre s\u00ed acompa\u00f1amos un fallo de la Corte Suprema de la Naci\u00f3n que repet\u00eda los mismos fallos de la Corte Interamericana, de la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, como tambi\u00e9n informes de Derechos Humanos del Alto Comisionado de Naciones Unidas, respecto a que no era delito el derecho constitucional de expresi\u00f3n y de peticionar a las autoridades\u201d.<\/p>\n \u201cPosteriormente-sostuvo el abogado-por los hechos del 25 de mayo se lo volvi\u00f3 a imputar, en este caso por instigaci\u00f3n a cometer delitos. Imputaci\u00f3n por la que no se le ha tomado declaraci\u00f3n indagatoria. El fiscal fue recusado, justamente porque en el alegato de la C\u00e1mara de Acusaci\u00f3n que nosotros hicimos pusimos de manifiesto que hab\u00edan violado gravemente normativa internacional obligatoria para la Argentina. Y estamos intentando detener lo que ya con anterioridad, la C\u00e1mara de Acusaci\u00f3n, en otra causa que tambi\u00e9n fuimos defensores nosotros, llam\u00f3 a no criminalizar la protesta social, que es lo que exigimos desde ATE C\u00f3rdoba\u201d, reafirm\u00f3.<\/p>\n Operaci\u00f3n \u201cdemonizaci\u00f3n\u201d en el Conurbano<\/strong><\/p>\n El violento allanamiento que padeci\u00f3 la catequista, dirigente social y ex secretaria de Integraci\u00f3n Socio Urbana nacional, Fernanda Mi\u00f1o, junto a su pareja, cuando volv\u00eda por la noche a su domicilio del barrio La Cava, en el partido bonaerense de San Isidro, tuvo los condimentos de un operativo destinado a demoler su imagen p\u00fablica m\u00e1s que a perseguir un delito real. De hecho, luego del cimbronazo medi\u00e1tico inicial, el mayoritario silencio de los medios dominantes cuando se comprob\u00f3 que Mi\u00f1o no tiene nada que ver con el delito que se investig\u00f3 indica que el hecho, consumado el da\u00f1o inicial, dej\u00f3 de revestir inter\u00e9s para los eventuales operadores. Juan del Pino, coordinador del Centro Patri\u00f3tico Reconquista y compa\u00f1ero de militancia de Mi\u00f1o, confi\u00f3 a Tiempo: \u201cLa verdad es que se trat\u00f3 de un montaje policial. Se intent\u00f3 vincular a Fernanda con el robo de una moto en el distrito de Tres de Febrero, algo a todas luces absurdo. Con esa excusa y sin ning\u00fan aviso previo le allanaron la casa un martes a la madrugada, con mucha violencia. Golpearon a sus hijas, la golpearon a ella, revisaron toda la casa. Nuestra hip\u00f3tesis es que montaron eso con una excusa, lo que buscaban era intentar encontrar algo en la casa de ella. Y, obviamente, no encontraron nada\u201d.<\/p>\n \u201cLo \u00fanico que se pudieron llevar fue el arma reglamentaria del marido de Fernanda, que es agente penitenciario. La excusa que utilizaron fue que supuestamente un auto que el marido de Fernanda vendi\u00f3 a principios de julio, se hab\u00eda utilizado para el robo de una moto a finales de agosto, en Tres de Febrero. Bueno, Fernanda y su marido obviamente ya llevaron todas las pruebas para mostrar que el auto hab\u00eda sido vendido. Cuando finalmente el juzgado investig\u00f3, encontr\u00f3 el auto en la puerta de la casa de la nueva due\u00f1a, y en vez de allanarla con violencia, como hicieron en la casa de Fernanda, hicieron un allanamiento de d\u00eda, tocando la puerta, pidiendo permiso, lo que nos hace sospechar que incluso posiblemente el robo de todo sea una puesta en escena\u201d remarc\u00f3.<\/p>\n \u201cAhora estamos esperando que sea sobrese\u00eddo el marido de Fernanda, que fue acusado de esta estupidez-agreg\u00f3 Del Pino-. Lo que nos llam\u00f3 la atenci\u00f3n, y nos genera m\u00e1s disgusto, es que el ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires no se puso a disposici\u00f3n de Fernanda ante un ataque pol\u00edtico y mafioso. Entonces, estamos esperando que el gobierno bonaerense rectifique esta actitud y que le garantice la integridad f\u00edsica a Fernanda, que es una figura p\u00fablica que viene denunciando hace varios meses el avance del narcotr\u00e1fico en el territorio ante el retiro del Estado\u201d.<\/p>\n El abogado sostuvo adem\u00e1s: \u00abFernanda es una figura que viene siendo estigmatizada por el gobierno nacional. La han acusado con todo su aparato medi\u00e1tico estatal y paraestatal, de cualquier barbaridad, y obviamente no han podido encontrarle nada, ning\u00fan hecho, ning\u00fan il\u00edcito en su gesti\u00f3n (en la Secretar\u00eda de Integraci\u00f3n Socio Urbana). Es una mujer, una catequista, que entr\u00f3 a la gesti\u00f3n viviendo en un barrio popular y que sali\u00f3 de la Secretar\u00eda de Estado, viviendo en el mismo barrio, en la misma casa de siempre. No se enriqueci\u00f3, no se compr\u00f3 ni siquiera un auto cero kil\u00f3metro, nunca se fue\u00bb.<\/p>\n \u201cEntonces, como no le encontraron nada, inventaron esa rid\u00edcula idea de vincularla al robo de una moto, que no fue ni siquiera en el distrito donde ella vive. Obviamente no culpamos al gobierno bonaerense, pero es imprescindible que el ministro de Seguridad de la Provincia se dedique a investigar lo que pas\u00f3 y a proteger a la familia de Fernanda porque el allanamiento lo llev\u00f3 a cabo la polic\u00eda bonaerense. Por suerte, la Fiscal\u00eda General de San Mart\u00edn, que entendi\u00f3 r\u00e1pidamente esta situaci\u00f3n, tambi\u00e9n est\u00e1 investigando\u201d, ponder\u00f3 el abogado.<\/p>\n Este accionar policial gener\u00f3, por ejemplo, duros cruces entre la ministra de Seguridad de la Naci\u00f3n, Patricia Bullrich,\u2013que calific\u00f3 en redes a Mi\u00f1o de \u201cchorra\u201d, haci\u00e9ndose eco de inmediato de la noticia del allanamiento \u2013 y Juan Grabois. D\u00edas despu\u00e9s de lo ocurrido, en una charla a seis a\u00f1os de la sanci\u00f3n de la Ley de Integraci\u00f3n Socio Urbana, la ex diputada Elisa Carri\u00f3 brind\u00f3 su solidaridad a Mi\u00f1o, donde tambi\u00e9n el Arzobispo de Buenos Aires, Jorge Garc\u00eda Cuerva y Sebasti\u00e1n Welisiejko, destacaron las pol\u00edticas de integraci\u00f3n social y urbana en los barrios populares.<\/p>\n Protesta y detenciones \u201cal voleo\u201d<\/strong><\/p>\n En los \u00faltimos d\u00edas tom\u00f3 estado p\u00fablico que la jueza federal Mar\u00eda Romilda Servini sobresey\u00f3 definitivamente a 11 de las 33 personas detenidas durante las protestas del 12 de junio contra la Ley Bases. La medida lleg\u00f3 despu\u00e9s de meses en los que se analizaron de forma detallada los videos que el mismo d\u00eda de la manifestaci\u00f3n circularon en redes y medios de comunicaci\u00f3n y donde pod\u00eda verse con claridad que no hab\u00edan cometido ning\u00fan delito. Aqu\u00ed vale recodar lo mencionado por el Centro de Estudios Legales y Sociales respecto a las acusaciones. \u201cEl fiscal Carlos Stornelli pidi\u00f3 la prisi\u00f3n preventiva para las 33 personas detenidas sin presentar pruebas ni fundamentos s\u00f3lidos que demostraran un riesgo de que se fugaran o pudieran entorpecer la investigaci\u00f3n. Lo \u00fanico que present\u00f3 para sustentar sus pedidos fueron tres enlaces de sitios web, uno con declaraciones p\u00fablicas del Poder Ejecutivo difundidas en redes sociales y los otros dos con notas period\u00edsticas. En estas notas el gobierno caracteriz\u00f3 a quienes se manifestaban como terroristas\u201d.<\/p>\n \u201cVarias de estas personas fueron tratadas como detenidas de m\u00e1xima peligrosidad. Se las traslad\u00f3 a penales federales, donde sufrieron vejaciones y se las interrog\u00f3 acerca de su participaci\u00f3n pol\u00edtica y su ideolog\u00eda\u201d, se\u00f1al\u00f3 el organismo.<\/p>\n \u201cEsta sentencia es clave para avanzar en la investigaci\u00f3n que la justicia sigue para determinar c\u00f3mo fue la actuaci\u00f3n de las fuerzas de seguridad durante el despliegue represivo. La confirmaci\u00f3n de que estas detenciones fueron arbitrarias, basadas en hechos inventados por la polic\u00eda, confirma que hubo un abuso en sus funciones\u201d, afirm\u00f3 el CELS.<\/p>\n El abogado Roberto Torres, de CeProDH, testigo directo porque estuvo en la manifestaci\u00f3n que termin\u00f3 con represi\u00f3n, persecuciones y detenciones, y que representa a dos de las personas detenidas, confi\u00f3 a este medio: \u201cHacia la tarde empezaban a sumarse a la manifestaci\u00f3n personas que sal\u00edan de trabajar y comenz\u00f3 a hacerse m\u00e1s grande. Entonces iniciaron la represi\u00f3n. Fue una cacer\u00eda. Hubo, por ejemplo, detenidos a diez o 15 cuadras del Congreso. Detenciones completamente ilegales y arbitrarias, muchas violentas. Con las detenciones hubo intentos de armar causas que no exist\u00edan. El sobreseimiento de once de los detenidos es muy importante porque demuestra tambi\u00e9n que protestar no es delito\u201d.<\/p>\n \u201cHay que recordar, tambi\u00e9n, que se juntaron m\u00e1s de 70.000 firmas contra las detenciones. Se hizo una campa\u00f1a enorme de organismos de derechos humanos, de solidaridad de diferentes sectores. Eso fue tambi\u00e9n lo que permiti\u00f3 que se vaya desmantelando todo ese plan, esa maniobra que ten\u00eda el Gobierno, que empez\u00f3 con el discurso diciendo que eran terroristas, que hab\u00edan atentado contra el orden constitucional. Porque, recordemos que hab\u00edan sido inicialmente 33 los detenidos y se puso en marcha un plan policial-judicial, luego los fueron liberando por tandas, pero a algunos les intentaron aplicar figuras penales grav\u00edsimas\u201d, marc\u00f3.<\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" (fuente: Diario Tiempo Argentino) Bajo el actual gobierno nacional, ya no es novedad que cada protesta social es una oportunidad para que ponga en funcionamiento el aparato represivo del Estado, incluso m\u00e1s all\u00e1 del llamado \u201cprotocolo antipiquetes\u201d. Y ocurre que la protesta social adquiere formas m\u00e1s amplias que simples cortes a las v\u00edas de circulaci\u00f3n. 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